En su segunda ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la defensa de Chile aseguró este lunes que no creará ningún obstáculo a Bolivia para que use en el futuro las aguas del Silala bajo el principio de “utilización equitativa y razonable”.
Laurence Boisson De Chazournes, una de las abogadas de Chile, dijo, inicialmente, que los desacuerdos entre Chile y Bolivia incluyen, precisamente, “la interpretación y la aplicación del principio de utilización equitativa y razonable, y las obligaciones relacionadas con ese principio en cuanto al intercambio de información y la notificación previa”.
Pero, “Chile demostrará que ese principio (…) puede y debe ser aplicado en la presente disputa. (Pues) los usos de las aguas del río Silala se remontan a principios del Siglo XX; Bolivia nunca ha impugnado los usos realizados por Chile y ella misma ha utilizado esas aguas durante el Siglo XX al otorgar una concesión. Sin embargo, Bolivia sigue afirmando (ahora) que Chile niega su correspondiente derecho a un uso equitativo y razonable de dichas aguas”, afirmó.
La jurista agregó que Bolivia también argumenta que el derecho al uso equitativo y razonable solo es un camino de ida en beneficio de Chile y que ese país tendría un “derecho adquirido permanente”.
No obstante, “Chile nunca ha tenido una reclamación de ese tipo; la solicitud de Chile, de que se reconozca que los usos actuales de las aguas del Silala se ajusten al principio de utilización equitativa y razonable, no prejuzga en modo alguno los usos futuros de las aguas del Silala por parte de Bolivia”, remarcó.
Es así que, según la abogada, “Chile ha dejado muy en claro que Bolivia también goza de ese derecho”.
Es decir, “al contrario de lo que pretende Bolivia, Chile no desconoce el derecho de Bolivia a utilizar las aguas del Silala. En varias ocasiones, Chile ha insistido en la aplicación del principio (…) que se basa en la perfecta igualdad de todos los Estados ribereños en el uso de todo el curso del río y la exclusión de cualquier privilegio preferente de un Estado ribereño con relación a los demás”, subrayó.
En ese sentido, Boisson De Chazournes insistió que tanto Chile como Bolivia tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. Por tanto, “Chile no quiere crear obstáculo alguno para el futuro uso de las aguas del Silala por parte de Bolivia. Chile indicó varias veces (…) que no busca impedir el desarrollo y el uso futuro de las aguas del Silala por parte de Bolivia”, reiteró.
Entonces, en ese contexto, en criterio de la jurista, ahora “sigue siendo un misterio para Chile por qué Bolivia continúa teniendo dudas, a menos que esa actitud sea una mera estrategia utilizada en este litigio”.
No obstante, Chile, a la conclusión de su segunda ronda de alegatos orales, solicitó a la Corte Internacional de Justicia declarar, entre otros puntos, que “Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala”.
Asimismo, Chile pidió a la Corte declarar que “Bolivia tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de las medidas planificadas que pudieran tener un efecto adverso sobre los recursos hídricos compartidos, de intercambiar datos de información y de llevar acabo, cuando proceda, una evaluación del impacto ambiental con el fin de que Chile pueda evaluar los posibles efectos de dichas medidas planificadas”.
