La semana pasada, en su declaración en el juicio que se le sigue en el caso Golpe de Estado II, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez descalificó como “cobardes” a la exsenadora Adriana Salvatierra y al exdiputado Víctor Borda por haber renunciado a sus cargos, imposibilitando la sucesión constitucional tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García; y dijo que su asunción a la presidencia sobre todo fue producto de la convulsión política del momento.
Este lunes, en La Razón Radio, Salvatierra le respondió a Áñez en dos sentidos: por un lado, que ninguna convulsión social o política exime a nadie de cumplir la ley, para que luego pueda alegar “excepcionalidades”; y, por otro, que lo de “cobardes” sobre todo encubre una suerte de “circo de heroísmos que disfrazan delitos” cometidos por la exsenadora beniana.
“Lo primero que debemos dejar en claro es que la señora Jeanine Áñez pretende disfrazar de heroísmo algo que en realidad es la comisión de delitos”, destacó Salvatierra en La Razón Radio.
Disfraza delitos, afirmó, porque justo en esos días, Áñez “realizó un conjunto de declaraciones que afirman el pleno conocimiento (que ella tenía) de los procedimientos legislativos en una situación o coyuntura de conflicto”.
Aun cuando Áñez quiera enfatizar en que ese momento era de suma excepcionalidad en cuanto a convulsión política y social, Salvatierra le reclamó que el país tiene la normativa y los mecanismos suficientes como para encaminar una resolución en derecho, correspondiendo específicamente la aplicación de los reglamentos del Legislativo; todo en vista a llegar a una “sucesión constitucional real”.
Áñez no puede decir, añadió, que “en medio de la convulsión política me vi obligada a asumir la Presidencia”. “Eso no es cierto”, remarcó Salvatierra, porque “no es que la convulsión política abra un marco de excepcionalidades por el que Áñez haya podido tomar la Presidencia por asalto”.
Y había antecedentes de sucesión constitucional, recordó Salvatierra: la de Carlos Mesa en relación a Gonzalo Sánchez de Lozada; y la de Eduardo Rodríguez Veltzé cuando renunció Mesa.
Ante la aseveración de que Áñez “no movió un dedo para ser presidenta”, Salvatierra recordó cómo en la crisis de 2019 se presionó a Borda a renunciar bajo la amenaza de muerte a su hermano, cómo la familia de ella estaba acosada en Santa Cruz, y cómo, el 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, a las 18.15, Áñez declaró desde Beni a un medio que le correspondía la sucesión, que debía llamar a sesión de la Asamblea y poner a consideración las cartas de renuncia, lo cual mostraba plena conciencia de lo que se debía hacer.
En La Paz, Áñez reiteró la necesidad de convocar a la Asamblea, pero no lo hizo, asumiendo la Presidencia bajo el argumento de la sucesión ipso facto, ante el “vacío de poder” generado por la ausencia, dijo entonces, de la bancada del MAS en la Asamblea.
Respecto de este “vacío de poder”, Salvatierra de plano lo rechazó: no se dejaba ingresar a los asambleístas del MAS al Legislativo hasta por tres anillos de seguridad de los partidarios del derrocamiento de Morales: uno civil, uno policial y otro militar.
Lo que pasaba en el fondo, dijo Salvatierra, es que Áñez y partidarios preveían que al margen de que el MAS era mayoría en la Asamblea, la presidencia de las cámaras y, por tanto, la Presidencia del país correspondía a la fuerza mayoritaria, o sea al MAS.
La exsenadora del MAS reclamó de la existencia de una auténtica presión violenta contra las autoridades del MAS para imposibilitar la sucesión. “Para nosotros hubo presiones para que renunciemos, presiones mediáticas, físicas y además la fuerza fáctica de policías y militares que impedían que ingresemos al hemiciclo, además de que en paralelo se libraban órdenes judiciales ilegales para amedrentarnos”.
Cuando el “vacío de poder” es el gran justificativo de Áñez para la excepcional forma en que asumió la Presidencia, Salvatierra destacó que no había tal vacío porque de todos modos la renuncia de Morales y García ese momento estaba en curso, por lo que había que resolver el tema en la Asamblea y posibilitar que esta se reúna y acepte las dimisiones o no.
Pero la última razón para impedir que la Asamblea se reúna, rememoró Salvatierra, fue que aun aceptando las renuncias, la Presidencia del Estado no podía recaer en alguien de la minoría.
