En su Informe de Derechos Humanos, Estados Unidos puso atención a la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, desde su detención en Trinidad en 2021, y de la justicia, de la que consideró que “los funcionarios de justicia eran vulnerables al soborno y la corrupción”.
Apoyado en “expertos legales” u “observadores informados”, el informe establece que Áñez es procesada penalmente, pese a que las normas internas establecen que un expresidente tiene derecho a un juicio de responsabilidades.
En el acápite “arresto arbitrario” hacen un recuento de los hechos desde la aprehensión en marzo de 2021 de la exmandataria. “Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que los arrestos de Añez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas”, prevé una parte del documento.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 por una acusación de terrorismo, sedición y conspiración conocido como el caso Golpe de Estado I. Posteriormente se le inició otro proceso por el denominado Golpe de Estado II por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Actualmente está en juicio.
“Las autoridades no proporcionaron ninguna evidencia para respaldar los cargos, aparte del hecho de que Añez y los miembros de su gabinete dirigieron el gobierno de transición de octubre de 2019 a noviembre de 2020”, se anotó en otra parte del informe.
También hace referencia a la situación de la justicia y entre otros aspectos sostiene: “Los funcionarios de justicia eran vulnerables al soborno y la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales”.
“En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, los jueces y fiscales practicaban la autocensura al dictar sentencias para evitar ser objeto de hostigamiento verbal y legal por parte del gobierno”, se observa en el documento.
En otro punto referido a presos y detenidos políticos menciona el caso de Marcel Rivas, el exdirector de Migración encarcelado acusado de haber facilitado la fuga de los exministros de Defensa Fernando López y de Gobierno Arturo Murillo.
“Según grupos de derechos humanos, el gobierno procesó a Rivas simplemente por su asociación con el gobierno de Añez”, se sostiene en otra parte del documento.
