Los restos del exdirector del desparecido Fondo Indígena Marco Aramayo serán trasladados y sepultados en Santa Cruz, su tierra. Su hijo, Caetano Aramayo, confía que la lucha de su padre quede como un legado de “ética, valores y justicia”. Mientras que el que fuera su abogado, Héctor Castellón, explicó que los procesos iniciados contra su extinto cliente serán extinguidos.
Aramayo murió este martes debido a complicaciones en su salud, tras permanecer siete años en la cárcel con más de dos centenas de procesos abiertos en su contra y sin una sentencia por denuncias de corrupción en el desarticulado Fondo Indígena.
“Como familiares estamos un poco resignados por toda la situación, sabemos que muchas personas lo van a tomar como ejemplo de ética, valores y de justicia”, sostuvo el hijo de quien fuera uno de los principales denunciantes de la corrupción en el Fondo Indígena, institución que administraba dineros que estaban destinados, justamente, a indígenas, originarios y campesinos.
Otra de las principales acusadas es la exministra Nemesia Achacollo, sin embargo logró su libertad tras permanecer detenida en la cárcel. También vive en Santa Cruz.
Los restos de Aramayo fueron velados en una funeraria de La Paz y en la noche serán trasladados a Santa Cruz, donde serán sepultados.
“Él nos decía que cuando salga iba ir a Santa Cruz a hacer un churrasco”, contó Caetano.
Desde la oposición y el oficialismo se pronunciaron sobre la situación en la que murió Aramayo y coincidieron en pedir informes sobre su caso y del proceso del exFondo Indígena.
Mientras que Castellón, abogado del extinto Aramayo, no dudó en apuntar a las distintas administraciones, entre ellas del exdiputado Rafael Quispe, del liquidado Fondo Indígena por la persecución y no haber esclarecido oportunamente los hechos denunciados.
“Todos los proceso iniciados contra Marcos Aramayo se van a extinguir a favor de él”, explicó el jurista.
La Defensoría del Pueblo afirmó que contra Aramayo están vigentes 88 procesos y determinó que existen “serias violaciones” al debido proceso y negligencia de Régimen Penitenciario por no facilitar atención oportuna a la exautoridad. A pesar de los datos de la Defensoría, la defensa de la extinta exautoridad aseguró que hay más de 200 casos.
