En la Cámara de Diputados fue aprobada la noche de este jueves las reformas al Código Penal para endurecer hasta con 20 años de cárcel las sanciones contra los operadores de justicia y abogados que faciliten la libertad de feminicidas, violadores e infanticidas, mientras que los acusados por estos delitos no podrán beneficiarse con medidas alternativas a la detención preventiva.
Los jueces y fiscales que incurran en el delito de prevaricato en casos de feminicidio, violación e infanticidio corren el riesgo de ir a la cárcel hasta por 20 años. Los jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares del servicio de justicia, además de magistrados, vocales, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales vinculados a consorcio podrían ir a la cárcel de 5 a 10 años.
El proyecto de ley aprobado en Diputados se denomina “Por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación de niña niño y adolescente e infanticidio”. La reforma se acordó tras develarse la acción de redes de corrupción que lograron la libertad de feminicidas y violadores con sentencia condenatoria, alegando problemas de salud.
El proyecto de ley que pasó al Senado también establece la prohibición de que los acusados de delitos contra la mujer y los niños puedan ser beneficiados con una salida alternativa a la detención preventiva, mientras que en la eventualidad que argumenten problemas de salud ese extremo deberá ser certificado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
