El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, afirmó este martes que “se intentó hacer una auditoría” al ahora extinto Fondo Indígena, pero no se pudo hacer más porque cuando se lo intervino, tras el estallido del escándalo por el presunto desfalco millonario de recursos públicos, ya “no se pudo encontrar documentación alguna”.
“La Contraloría hizo una supervisión en 2014 (por) una denuncia del gobierno de entonces (Evo Morales), que pidió la intervención de la Controlaría al Fondo Indígena. (De acuerdo) con la información que tengo, porque yo en esa época todavía no era contralor, se intentó hacer una auditoría, más no se pudo, puesto que no se encontró información, se intervino el Fondo Indígena y no se pudo encontrar documentación alguna”, dijo a La Razón Radio.
Por lo tanto, en su criterio, esta auditoría se cambió a la modalidad de supervisión que “es una especie de control concurrente” y es así que se logró determinar que había 153 proyectos, con una antigüedad mayor a dos años, para los que se hizo un primer desembolso y ya no el segundo.
En consecuencia, el funcionario consideró que se trataba de “proyectos abandonados” con un presunto daño económico “de Bs 71 millones, que incluyó (o involucró) a 15 directivos del Fondo Indígena de entonces y también (…) a los representantes legales de las organizaciones (sociales) beneficiarias que habían accedido a esos 153 proyectos”.
“En ese sentido, la Contraloría presentó una denuncia por incumplimiento de deberes, porque esta dirección administrativa que existía (…) tenía que (hacer) el seguimiento a los desembolsos (…) y controlar que los proyectos se lleven (adelante. Pero) en este caso no había ningún tipo de documentación en el Fondo Indígena y por eso mismo se actuó (con la denuncia) y posterior a ello, debido al informe de la Contraloría, (también) se hizo (hasta) la liquidación del Fondo Indígena”, recordó.
Ara Pérez remarcó que la Contraloría cumplió con su función en este caso hasta la presentación de la denuncia y que ahora no tiene “ningún tipo de injerencia, puesto que esto pasó a estrados judiciales”.
Además, “cuando se trata de querellas o denuncias penales, nosotros las presentamos en estrados judiciales y ya le corresponde a (otra) entidad hacer el seguimiento. Quien hace el seguimiento a todo lo que son los procesos judiciales es la Procuraduría”, aclaró.
El caso Fondo Indígena fue reactivado nuevamente en la agenda pública del país después de que su exdirector Marco Antonio Aramayo falleciera el pasado 19 de abril.
El exdirector del Fondo Indígena, que también denunció este hecho de presunta corrupción, estuvo preso durante los últimos siete años de su vida bajo una serie de procesos judiciales y falleció en el Hospital Cotahuma de La Paz, donde estaba en terapia intensiva.
De manera pública se dio a conocer que Aramayo enfrentó 256 procesos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado aclaró que en el Ministerio Público estaban registrados 95 procesos contra el ahora fallecido, de los cuales 36 ya habían sido cerrados (34 con rechazo y dos con sobreseimiento) y todavía tenía 59 procesos activos.
Además, se conoce que más de 400 personas todavía son investigadas por el presunto desfalco millonario en el Fondo Indígena, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo.
