Recluida, Jeanine Áñez carga en soledad todo el peso de sus actuaciones en 2019, cuando recibió un fuerte apoyo de partidarios y no partidarios a los que hoy intenta acudir para superar este trance. Una lista —entonces larga— comienza a reaparecer.
Citó inicialmente a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, aquel año protagonistas centrales de la crisis poselectoral, a quienes, en su condición de líderes de las fuerzas políticas de oposición en la Asamblea Legislativa, pidió que autoricen los juicios de responsabilidades requeridos en al menos cuatro casos en su contra.
Les pido “otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona con el fin de establecer la verdad de los hechos”, escribió Áñez.
Mesa y Camacho respondieron a la carta. Aunque en una primera respuesta CC le dio evasivas a la respuesta, en un segundo comunicado informó que “atenderá el pedido expreso de la expresidenta” y que trabaja “simultáneamente” en un proyecto para que “se renueven los altos cargos fiscales y judiciales, cuyo tiempo de funciones se extenderá, en el peor de los casos, hasta 2023”.
Entretanto, luego de comunicarse con Mesa, Camacho se quedó en que buscará “generar las condiciones necesarias a la demanda de la expresidenta”. Aunque se supo que habló por teléfono con Mesa, no se conoció más detalles de su posición.
El ahora gobernador de Santa Cruz resultó el primer señalado por los sucesos de 2019. El caso Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, estuvo foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”; sin embargo, si bien citado inicialmente, nunca fue convocado otra vez por el fiscal del caso, Omar Mejillones.
En tanto, Mesa se presentó ante el fiscal el 17 de junio de 2021. Apenas dijo que conoce a Áñez y que coincidieron en un almuerzo uno o dos meses después de la proclamación. De las 54 preguntas, respondió tres, en una dijo “no voy a responder” y en el resto de las 50 repitió sistemáticamente “me acojo el derecho al silencio”.
En 2019, Mesa fue candidato a la presidencia por CC. Cuestionó duramente la postulación de Evo Morales y el 21 de octubre, un día después de las elecciones, consideró que hubo un “fraude escandaloso”, y llamó a vigilias y movilizaciones frente a los tribunales.
Entonces, la misión de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) había alertado sobre el parón de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un sistema informativo de recuento de votos no oficial regido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Luego, Mesa porfió por su presunto derecho a una segunda vuelta, como dijo el 23 de octubre, y protagonizó movilizaciones en La Paz. Es ya célebre su frase. “Debo decirles que aquí estoy: ¡O voy preso, o voy a la presidencia!”.
Y Camacho lo había secundado aquel 21 de octubre, cuando en la noche llamó a un paro indefinido. Siendo presidente del Comité pro Santa Cruz rápidamente cobró protagonismo.
Organizó varios cabildos contra el “tirano” Morales. El 2 de noviembre invocó a las Fuerzas Armadas y develó que hizo un acuerdo con la Policía para atender su pliego de peticiones en el “próximo gobierno”.
Más tarde, en otro cabildo, sugirió la sucesión de Morales a la decana del Tribunal Supremo de Justicia (María Cristina Díaz Sosa). El 10 de noviembre, sugirió un gobierno provisional a través de una “junta de notables” y en medio de la renuncia de Morales irrumpió en el Palacio Quemado.
Cuando Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia del MAS, Camacho le ofreció su apoyo incluso con cuadros propios para el gabinete.
En un video difundido a finales de 2019, el dirigente cívico develó una “hermosa historia”: “Fue mi padre que cerró con militares para que no salgan (a reprimir)”. En una segunda parte del video, publicada por La Razón, Camacho hizo más develaciones, esta vez dijo que acordó con un minero “tumbar” a Morales, en caso de que no renuncie el 10 de noviembre, con “6.000 mineros llenos de dinamita”.
En las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica (UCB), en La Paz, Camacho tenía su emisario, su abogado Jerjes Justiniano, quien después se convirtió en el primer ministro de la Presidencia de Áñez.
En tanto, Mesa asistió junto a su abogado de siempre y ahora diputado de CC Carlos Alarcón y su asesor Ricardo Paz. Fue éste quien contactó con Áñez, una vez que renunció Morales, para abrirle el altavoz del teléfono y hablar con sus interlocutores en el Rectorado de la UCB.
Convocada por el ahora fallecido monseñor Eugenio Scarpellini, la cita de la UCB reunió a otros políticos más, entre ellos el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), el asesor de éste y exsenador Luis Vásquez, Samuel Doria Medina y Roberto Moscoso, de Unidad Nacional (UN), y los representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Rolando Villena (+), Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez. La lista se completaba con embajadores de Gran Bretaña, Brasil y España, liderados por el representante de la Unión Europea en Bolivia, el español León de la Torre.
Iglesia.
La curia estuvo liderada por Scarpellini y Aurelio Pessoa. El 15 de junio de 2021, firmaron la Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020, sobre las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, de las que dijo no definió la sucesión.
Según dijeron por separado a La Razón Adriana Salvatierra, entonces dimisionaria presidenta de la Cámara de Senadores, y Susana Rivero, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, además de Teresa Morales, a la sazón directora de la Unidad de Investigaciones Forenses (UIF), la cita de la UCB ya tenía definido el nombre de Áñez. Ella misma, la noche de la renuncia de Morales, se había anunciado como sucesora y adelantó que llamará a sesión legislativa para la lectura de las renuncias de Morales y el vicepresidente Álvaro García.
En la UCB, según denunciaron los representantes del MAS, Quiroga tenía dominio de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para disponer el viaje de Morales a México y Doria Medina apuraba los “acuerdos” porque —se develó— tenían un “plan B”. Y ese plan B era Áñez.
Según dijo a radio Deseo Albarracín, la idea de las reuniones de la UCB era buscar “una salida lo más cerca posible a la Constitución”. Vásquez había escudriñado una vieja declaración del Tribunal Constitucional (2001), que blindó ipso facto la sustitución de Quiroga sobre el enfermo terminal Hugo Banzer, para sustentar la sucesión de Áñez.
Encarcelada desde marzo de 2021, la exmandataria está acusada en los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.
Ahora comenzó a convocar a quienes fueron sus aliados y lamentó que sus otrora colegas y colaboradores Óscar Ortiz, Rosse Marie Sandoval y Eliane Capobianco no hayan asistido a su juicio en calidad de testigos.
