Mediante una carta publicada en el periódico digital Okdiario, el exministro Arturo Murillo, encarcelado en Estados Unidos, condicionó su aceptación a una extradición a que el presidente Luis Arce conceda arresto domiciliario a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y a que entregue al coronel Maximiliano Dávila, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
La exautoridad del gobierno de Áñez está detenida por lavado de dinero y sobornos en una penitenciaría estadounidense, investigada por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. Además, reveló que pidió a la exmandataria que huya del país. “No me hizo caso. Hizo caso a otra gente”. Y dijo que ahora la “destrozan” en un falso juicio.
La exsenadora que se proclamó presidenta en noviembre de 2019 se encuentra en prisión desde marzo de 2021 y uno de los procesos abiertos en su contra en la vía ordinaria, el caso Golpe de Estado II, está a punto de tener sentencia. La Fiscalía la acusa de no haber respetado la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa para su nombramiento.
“Viendo que lo que busca el MAS es eliminar a la expresidenta Áñez, quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la expresidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros” (sic), señala la carta firmada por Murillo.
La misiva fue enviada al periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien llegó al país durante el mandato de Áñez bajo el paraguas de Murillo. Asimismo, acusa de “farsa” al juicio contra la expresidenta, y que “muchos excolegas senadores y jefes de partidos políticos”, así como la Iglesia Católica y la comunidad internacional que fueron parte de las negociaciones del proceso de transición, e integrantes del MAS, “no están dando la cara”.
El exministro es investigado por un abanico de hechos de corrupción en el país. En Estados Unidos, para noviembre está programado el juicio en que se dictará sentencia en el caso en que sus cómplices ya se declararon culpables, por la adquisición de material antidisturbios con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones cuando Murillo fungía como ministro de Gobierno, dinero que lavó mediante entidades bancarias estadounidenses.
