El Gobierno conoció hace un par de meses el informe de la Relatoría de la ONU sobre la independencia judicial en Bolivia. Aseguró que refleja la “realidad” de la justicia, que no hace alusión a injerencia en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y que demuestra la necesidad de hacer justicia por las víctimas de las masacres de 2019 en Sacaba, Senkata y El Pedregal.
El viceministro de Justicia, César Siles, fijó la posición de la administración de Luis Arce sobre el informe del relator Diego García-Sayán, quien estuvo en febrero en Bolivia como resultado de las gestiones del Gobierno y con una agenda que incluyó una serie de entrevistas con líderes de la oposición, activistas, víctimas de las masacres de 2019 y la hija de Áñez, Carolina Ribera.
“Hemos tomado conocimiento hace un par de meses sobre el informe, nos permitió el relator hacer comentarios, observaciones y reflexiones, sin duda refleja la realidad del sistema de administración de la justicia boliviana”, afirmó y aseguró que en el documento no se hace referencia a injerencia política en el caso Áñez.
Por el contrario, aseguró que en los procesos penales Golpe de Estado I y Golpe de Estado II contra Áñez hay respeto al debido proceso y acceso a la justicia, como –recordó- lo demuestran los varios recursos que presentó la defensa de la exmandataria. Además, informó que veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen seguimiento del proceso.
En el acápite de “Injerencias”, se mencionó que “en febrero de 2020 (en el gobierno de Áñez) expresó preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.
También el caso de Áñez, en detención preventiva desde marzo de 2020 por los denominados casos Golpe de Estado I y II y que hacen a los hechos de cómo asumió el poder tras la dimisión en noviembre de 2019 del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”, se revela en el informe en alusión al proceso a la exmandataria.
Sobre la falta de justicia en las muertes de Senkata y Sacaba, donde en 2019 murieron más de 20 personas por impactos de bala debido a una intervención militar-policial, Siles sostuvo que se hace de una frase de García-Sayán, quien consideró en su informe como un “drama de la impunidad” que hasta ahora no haya justicia en estas masacres.
“Acogemos las recomendaciones, será un insumo para la transformación de la justicia, para reconducir algunos temas que estábamos pensando para la reforma. Vamos a, seguramente, cumplir todas las recomendaciones que ha hecho”, aseguró.
Entre las recomendaciones está encaminar la reforma judicial, ajustar la elección de autoridades judiciales porque “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.
