Los hermanos Mario y Antonio Bascopé, Yassir Molina y Milena Sotto, líderes del grupo “Resistencia Juvenil Cochala”, tienen hasta el 6 de junio para presentar pruebas de descargo en el proceso que se les sigue por disturbios y violencia generada en Sucre en 2019-2020. Una vez vencida esta fase se abre el juicio oral, en el que el Gobierno, como parte demandante, pide 20 años de cárcel para los acusados.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno recordó que los cuatro acusados, “organizados entre noviembre de 2019 y 2020 operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre”.
No solo eso, sino también, denunció que incurrieron en “tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal o caseras, más conocidas como bazukas”.
Tres de ellos están en la cárcel y Sotto con detención domiciliaria en Cochabamba. Lideraron los hechos de violencia cometidos en Sucre exigiendo la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa, entre fines de 2019 y principios de 2020, aunque también actuaron como grupos de choque en Cochabamba contra personas que simpatizaban con el MAS y el expresidente Evo Morales.
El Gobierno pedirá en el juicio 20 años de cárcel para los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos que deben ser desarticulados para evitar más hechos de violencia.
“Es el GIEI quien nos ha recordado que el derecho a la protesta no es absoluto, y que el derecho de reunión y manifestación debe ser pacífico y sin el uso de armas”, establece el comunicado del Ministerio de Gobierno.
