El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que los “caprichos” de los opositores no pueden limitar la reforma judicial en Bolivia, como está ocurriendo en el proceso de designación del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.
Lima, en una entrevista con La Razón Radio, remarcó que se necesita del compromiso de la sociedad en este proceso de la transformación de la Justicia y que todos los actores, como los colegios de abogados y universidades, participen.
Sin embargo, “de ninguna manera esto puede quedar limitado porque existan obstáculos o existan personas que no quieren dialogar; lo que tenemos que hacer es exhibir y establecer que hay caprichos, que hay posiciones que no son objetivas desde los partidos de oposición que, por ejemplo, han inviabilizado la elección del Defensor, pero esto no puede limitarnos, porque (…) la necesidad que tienen los bolivianos (…) de que no exista corrupción, de que sancionemos a los malos administradores de la Justicia, está latente todos los días”, dijo.
Agregó que, por eso, todos los días se escuchan los reclamos, por ejemplo, de trabajadores marchando porque los jueces laborales hagan cumplir sus fallos o las constantes demandas de Justicia que expresan las víctimas de feminicidio.
“Y toda esta situación implica una serie de acciones desde el Gobierno, que se han tomado permanentemente; creo que este es un gobierno que ha mostrado con claridad que los 11 jueces de ejecución penal destituidos y los más de cuatro que están todavía detenidos preventivamente son una señal de que no vamos a tolerar la corrupción, y creo que esto es parte de la transformación de la Justicia”, sostuvo.
Incluso, la autoridad indicó que el Gobierno no está esperando que algo “mágico o una acción como una cumbre” refleje el inicio de las actividades de la transformación de la Justicia.
Pues “no pueden haber ya jueces que crean que son reyes de su despacho; los jueces son funcionarios de una democracia y deben rendir cuentas por sus resultados y por su trabajo, eso es reforma judicial y es algo que se está haciendo”, insistió.
La reforma judicial es una de las persistentes demandas de la sociedad boliviana que varios gobiernos intentaron ejecutar a través de distintas medidas que todavía no dan los resultaron esperados.
En el informe sobre su visita a Bolivia, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, recomendó “a todos los sectores relevantes del país a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de los integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”.
El Relator insistió en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los “principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura”.
Consideró que se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia porque, en su criterio, todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial.
