El Ministerio Público amplió la acusación formal en contra de dos presuntos cómplices de los destrozos ocasionados por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Sucre, informó este martes Javier Gorena, fiscal especializado anticorrupción de Chuquisaca.
“También se ha emitido la acusación fiscal en contra de Mario S.S. y Ayda R.L.T. por presuntamente haber participado, en calidad de cómplices, en los destrozos a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020″, dijo Gorena en una conferencia de prensa en Sucre.
Los “cómplices” fueron acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal con relación al delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; además, de tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado.
Asimismo, explicó que «en la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público va a exponer los 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales, con la finalidad de demostrar, ante la autoridad jurisdiccional, la autoría y participación, tanto de los principales investigados, que son Yassir M., Mario B. R., Fabio B. R. y Milena S. L., así como de los presuntos cómplices Mario S.S. y Ayda R.L.T.”.
Ambos «cómplices» de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), junto a otros cuatro integrantes, están acusados por causar destrozos en su protesta contra el fiscal general, Juan Lanchipa, en Sucre, donde dañaron edificios patrimoniales, como el que ocupa la Fiscalía General del Estado (FGE), en octubre de 2020.
El fiscal agregó que se identificó a Yassir M. y a Milena S. L. como líderes de la organización porque se ve que “dan instrucciones y directrices para que sus subordinados sean los que ejecuten el hecho” delictivo.
Actualmente, Yassir M. cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en Oruro, mientras que Milena S. L. fue beneficiada con detención domiciliaria en Cochabamba. Por este caso, también están investigados los hermanos Mario B. R. y Fabio B. R.
La RJC fue uno de los grupos que participó en las jornadas de violencia que se produjeron en Cochabamba, durante los conflictos poselectorales de 2019, cuando junto con otras agrupaciones en todo el país, denunciaba un supuesto fraude electoral en las justas de octubre de ese año.
El movimiento de entonces se agravó con un motín policial y la sugerencia militar para que el entonces presidente, Evo Morales, renunciara a su cargo. Finalmente, presionado por esas movilizaciones, replicadas en varios departamentos, el que resultara ganador de los comicios electorales de octubre de 2019 dimitió a su cargo el 10 de noviembre.
La entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores oficialistas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, sugirió al Estado boliviano desarticular grupos “parapoliciales” como la RJC. Antes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en 2020, había sugerido la misma medida.
En octubre del año pasado, Estados Unidos, a través de su representante en Bolivia, Charisse Phillips, también demandó el desmantelamiento de los grupos “paraestatales violentos” en Bolivia.
