Para el especialista en temas constitucionales, Israel Quino, el hecho de que la defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez haya recurrido a una acción de inconstitucionalidad y a otros recursos legales, en el caso Golpe de Estado II, es reconocer la jurisdicción ordinaria y así se descarta la tesis de que le corresponda un juicio de responsabilidades.
“Está reconociendo de manera plena la jurisdicción ordinaria, descartando la tesis del juicio de responsabilidades”, explicó Quino, durante una entrevista en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.
Afirmó que Áñez puede recurrir a todas las acciones legales que plantea la ley, con lo que se legitima el debido proceso en este caso.
“Lo que está haciendo es aplicar y legitimar de manera plena su derecho, en el entendido que el Órgano Judicial la está juzgando y no así el poder político, afirmó.
En abril de este año, Áñez exhortó a través de una carta a los líderes de las dos principales fuerzas políticas de la oposición a que viabilicen un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, para “establecer la verdad de los hechos”, durante el tiempo que asumió la presidencia del país.
En ese marco, solicitó ser juzgada en calidad de exmandataria y no en la justicia ordinaria, en momentos que ya estaban en marcha los casos Golpe de estado I y II, además de un proceso por el supuesto nombramiento irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.
Justo en la recta final del juicio por el caso Golpe de Estado II, en mayo, la defensa de Áñez presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, por los que es procesada.
Esta medida impedía la emisión de una sentencia y el proceso quedó congelado hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie el respecto.
La pasada semana, el TCP rechazó esa acción y dio luz verde para la reinstalación del juicio, programado para el próximo 6 de junio, no obstante, Áñez presentó el lunes un recurso de enmienda y luego prevé activar otro mecanismo legal, que es la “queja constitucional”.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó esta mañana en La Razón Radio que “no se ha terminado de tramitar esta acción de inconstitucionalidad” ante el TCP, por lo que “esto impediría de alguna forma que se reanude el juicio”.
Con todo, en la audiencia prevista para la próxima semana se presentarán los alegatos finales de las partes, y luego se programará la lectura de la sentencia final. El Ministerio Público anticipó que esto puede ocurrir en una misma jornada.
