Tras el hallazgo de un vehículo chileno robado en instalaciones del Regimiento “Mejillones” del municipio de Huachacalla, departamento de Oruro, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, afirmó este viernes que “ningún recinto militar se constituye en instalaciones aduaneras”.
“En primera instancia, ningún recinto militar se constituye en instalaciones aduaneras; (pero) de acuerdo a los informes que hemos recibido, existen diferentes unidades (militares) a las cuales se llevan estos vehículos indocumentados por la distancia (desde) el lugar donde se los comisa hasta las instalaciones de la Aduana”, dijo Vargas en una conferencia de prensa.
Y en este caso particular –según la autoridad gubernamental– las instalaciones del Regimiento “Mejillones” también funcionan como el puesto del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo”, que almacena diferentes vehículos indocumentados “para posteriormente solicitar al Viceministerio (del área) una grúa (…) para su entrega a la Aduana”.
Sin embargo, en este caso, la víctima del robo denunció que su motorizado desapareció el 23 de diciembre de 2019 en Iquique, Chile, y que en enero de 2020, en un viaje a Bolivia, lo encontró en el interior de dicho recinto militar, a donde incluso, según su versión, Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) intentó ingresar ese mismo año a verificar, pero los militares no se lo permitieron.
Después vino la pandemia, se cerraron las fronteras y la víctima del robo ya no pudo volver al país; pero este año retomó su búsqueda y el pasado miércoles Diprove nuevamente intentó ingresar al cuartel, esta vez acompañado de un equipo de prensa, pero otra vez los militares le negaron el acceso.
Sin embargo, “para poder ingresar a cualquier instalación pública o privada y más aún si se trata de una instalación militar, se debe seguir todo un procedimiento legal”, justificó Vargas. Y es así que el jueves, finalmente, el motorizado fue recuperado después de que se logró ingresar al cuartel con una orden de allanamiento.
La autoridad gubernamental indicó que, de acuerdo a informes que recibió del Comando Estratégico Operativo, este vehículo había sido comisado en “rutas ilegales” en 2020 y desde ese año estaba en dependencias del Regimiento junto a otros autos incautados, pero a la “vista de la población y (de ninguna manera) ocultos.
¿Por qué no entregaron a Aduana?
El Viceministro, cuando fue cuestionado por qué los militares no entregaron el vehículo incautado a la Aduana como corresponde durante todos estos años, señaló que ellos, en su informe, aseguran que el motivo fue la falta de “actas de comiso”.
Ellos mencionan que “el motivo por el cual no ha sido trasladado a instalaciones de la Aduana es que el vehículo no tenía las actas de comiso ni los documentos que avalen las circunstancias en las cuales se habría incautado”, sostuvo.
“No estaba en poder de un militar”
Vargas agregó que, de acuerdo con el mismo informe, este vehículo “en ningún momento estaba en poder de algún efectivo militar del Regimiento ‘Mejillones’ ni en poder de ningún efectivo de la Fuerza de Tarea Conjunta”.
Además, remarcó que “en ningún momento” este tipo de vehículos comisados “pueden ser utilizados a título personal por efectivos militares que están comprometidos en la lucha contra el contrabando”.
Pues, “existen normas que rigen (…) para que estos vehículos no puedan ser utilizados de una manera personal y, si existiera alguna denuncia en particular, con seguridad que se hará el proceso de investigación correspondiente”, indicó.
Pero el dueño de la casa rodante denunció públicamente que, de acuerdo al reporte de su sistema de GPS, “cada cierto tiempo se movía (el vehículo, es decir) salía e ingresaba (del cuartel); entonces, sí lo estaban usando”.
