La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que destina Bs 99,9 millones al resarcimiento de 1.714 víctimas de violencia política durante los gobiernos dictatoriales comprendidos entre el periodo del 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
“Hemos considerado que hay gente que por más de 10 años está solicitando el resarcimiento de los daños y no se hacía efectivo”, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Betty Yañíquez (MAS), durante su intervención ante el pleno, el jueves por la noche. Esa jornada se respaldó por mayoría absoluta el proyecto de Ley 221/2021-2022 que efectiviza la indemnización.
Durante las décadas de 1960 a 1980 se registraron golpes de Estado que provocaron graves violaciones de derechos humanos, desde detenciones ilegales hasta torturas, desapariciones y asesinatos.
“Si bien este proceso de reparación del daño a las víctimas se inició en 2004 con la vigencia de la Ley 2640, esa ley no dio certidumbre en cuanto a los recursos financieros para el resarcimiento económico a las víctimas de violencia política”, se explica en los antecedentes de la norma.
Bolivia será el último país en el continente americano en cumplir con la compensación mediante la aprobación del proyecto de ley.
Para efectivizar este resarcimiento, la normativa prevé la modificación del inciso b) del artículo 16 de la Ley 2640 y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación de un total de Bs 99.925.916 del Tesoro General de la Nación (TGN) para el pago excepcional del 80% remanente a los beneficiarios, según un boletín de prensa de la Cámara de Diputados.
Hasta el momento se canceló 20% del resarcimiento establecido. Quienes no hayan cobrado todavía, tendrán un año para hacerlo, a partir de la promulgación de la norma que pasó al Senado.
Pasado ese periodo, los recursos económicos que no sean reclamados serán destinados a una cuenta fiscal para futuras reparaciones a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Pago a beneficiarios
La disposición final primera establece que los únicos beneficiarios del pago son los contemplados en el anexo de Decreto Supremo 1211 del 1 de mayo de 2012.
“Los que vivimos en la ciudad de La Paz vemos que hay ciudadanos que están viviendo en carpas, una cantidad de ellos son calificados en este proyecto de ley. Claro que hay muchas más personas que quieren participar de esta calificación, pero no han cumplido con los requisitos”, dijo Yañíquez.
La fecha para el pago del 80% será comunicada por el Gobierno a través de un medio escrito.
Otro grupo de víctimas de las dictaduras está al margen de este beneficio y por años hacen una especie de vigilia frente al Ministerio de Justicia, en el centro de la ciudad de La Paz.
El Ministerio de Justicia deberá promover políticas públicas de reparación integral a los afectados, en un plazo no mayor a los ocho meses tras la promulgación. Una vez aprobada en el Senado, debe pasar al presidente Luis Arce.
