La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó la mañana de este lunes, en la ciudad de Sucre, un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para intentar impedir que se dicte una sentencia en su contra en la anunciada reinstalación del juicio oral por el caso Golpe de Estado II.
La información fue confirmada a través de la misma cuenta en Twitter de la exmandataria, que es administrada por sus familiares desde marzo de 2021, cuando fue capturada por el supuesto golpe de 2019.
El nuevo recurso fue presentado faltando solo unas horas para que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz instale la “audiencia de prosecución de juicio” en contra de Áñez y otros involucrados, que está prevista para las 14.00 en la sede de Gobierno.
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Sin embargo, una de las abogadas de Áñez, inmediatamente después de que se presentara el nuevo recurso, también procedió a solicitar al Tribunal de Sentencia de La Paz dejar sin efecto la prosecución del juicio, que considera “ilegal”, debido a que el TCP “tiene la obligación previa de responder a la queja presentada en Sucre”.
La audiencia de alegatos finales y de la lectura de sentencia en el caso Golpe de Estado II había quedado frenada, inicialmente, por una acción de inconstitucionalidad concreta planteada por la defensa de Áñez. No obstante, el TCP rechazó dicho recurso.
Tras esa determinación, la defensa de la exmandataria presentó ante el TCP una solicitud de complementación y enmienda, que también fue descartada por el Tribunal Constitucional.
Entonces, lo que quedaba –según el exdiputado Horacio Poppe que participó de la presentación de esta mañana en Sucre– es plantear un recurso de queja “y mientras no se sustancie este proceso (…) no se puede convocar a la audiencia en el Tribunal de Sentencia de La Paz (…) con el afán de sentenciar a la expresidenta”.
Pues, lo que quieren “hacer con la señora Áñez hoy a las 14.00, pero que nosotros intentamos impedir con este recurso de queja (…), es soltarle la guillotina por supuestamente haber orquestado, armado e impulsado un golpe de Estado; se está diciendo en ese juicio que Áñez habría movido a militares y policías, cuando todos sabemos que eso es falso (porque) la gente en su totalidad, durante 21 días, se ha movido por un fraude y el señor Evo Morales ha huido renunciando”, agregó Poppe en un contacto con Correo del Sur.
En este proceso, la expresidenta transitoria es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ese hecho es calificado como un golpe de Estado y es investigado en dos procesos: caso Golpe de Estado I y caso Golpe de Estado II.
