El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó este lunes que la comisión de fiscales, que investiga el caso Golpe de Estado II, pedirá 15 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Añez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
“La comisión de fiscales ha trabajado de manera intensa todos estos días y ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada para el día de hoy donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Añez”, dijo Lanchipa.
Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego se habló que la exmandataria se expone a 12 años de cárcel y recientemente, en mayo de este año, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.
La audiencia de alegatos finales y de la lectura de sentencia por el caso Golpe de Estado II fue fijada para las 14.00 de este lunes en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz bajo la modalidad semipresencial.
Sin embargo, en las últimas horas, la defensa de Áñez presentó un nuevo recurso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para tratar de evitar que se instale dicha audiencia y con ello la lectura de su sentencia.
Según una nota informativa de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la acusación presentada por el Ministerio Público se expusieron más de 70 pruebas, casi una veintena de declaraciones testificales “que indican que Áñez hubiera adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal que es resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, además de haber adecuado su conducta al artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes”.
Además, “los hechos que se investigan en los casos denominados ‘Golpe de Estado I’ y ‘Golpe de Estado II’ tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de su autoproclamación como Presidenta del Estado, es decir, antes de que use la banda presidencial, por ello no se adecúa a la jurisdicción y competencia que establece la Ley 044”, remarca la FGE en su nota.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ese hecho es calificado como un golpe de Estado y es investigado en los casos: Golpe de Estado I y caso Golpe de Estado II.
