De acuerdo con el constitucionalista Israel Quino, una vez que se reinstale, este martes en la tarde, el juicio en el caso Golpe de Estado II, luego de darse lectura a los alegatos finales, los miembros del tribunal visitarán la cárcel paceña de Miraflores, donde la expresidenta transitoria Jeanine Áñez guarda detención preventiva.
Asimismo, se visitará a los coacusados (exjefes militares y policiales) que están encerrados en el penal de San Pedro de La Paz; concluida esa labor, los jueces deliberarán para emitir la sentencia final.
“Habrá un cuarto intermedio y van a ir primero a la cárcel de San Pedro, por los excomandantes, y luego a la cárcel de Miraflores, por ese principio de inmediación, toda vez que Áñez así lo ha pedido y hoy va a poder estar de frente ante el tribunal que la está juzgando”, explicó Quino, en entrevista con el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.
El lunes se reanudó el juicio en contra de la exmandataria y otros coacusados, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la acción que presentó Áñez para declarar inconstitucionales los delitos por los que es enjuiciada: resoluciones a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
En ese marco, Áñez pidió al tribunal que se le permita acudir de forma presencial a la audiencia, pues desde su reinstalación lo hizo de forma virtual. La solicitud le fue rechazada.
“Hoy vamos a escuchar los alegatos finales de todos los sujetos procesales, es decir acusadores y acusados, y ya luego generarán el convencimiento final del Tribunal Anticorrupción y seguramente este tribunal va a valorar cuánto debe sancionarse por estos ilícitos”, explicó Quino.
La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión, en contra de los principales acusados.
El Código Penal dispone que en el caso de incumplimiento de deberes, la pena es de cuatro años de cárcel como máximo, de acuerdo con el grado de participación, y en cuanto al incumplimiento de deberes, la sanción va de 5 a 10 años.
Si bien no hay una sumatoria de penas, Quino explicó que los juzgadores tienen la facultad de recurrir a una disposición denominada “concurso real de delitos”, que les da la facultad de incrementar en la mitad de la pena del delito más grave (resoluciones contrarias), considerando que uno o más actos de la principal acusada han generado varios delitos.
Con todo, una vez emitida la sentencia, la acusada podrá apelar la decisión y agotar todos los recursos que le franquea la ley para luego recién recurrir a instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque, según Quino, ese proceso puede llevar «muchos años».
