El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz rechazó la mañana de este martes una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado, por lo que deberá continuar bajo detención preventiva en la cárcel de Miraflores.
“El Tribunal ha dispuesto negar la cesación a la detención preventiva y en todo caso (…) correspondía a la parte acusada presentar los elementos de prueba, (pero) el Tribunal ha sido claro: no se ha presentado ningún elemento de prueba y es por eso que se ha rechazado la cesación”, dijo el fiscal Omar Mejillones.
En ese sentido, también remarcó que persisten los riesgos procesales como el peligro de fuga y de obstaculización del proceso investigativo.
Además, “la situación jurídica de la imputada en relación a la medida cautelar que pesa sobre ella es independiente a la tramitación del juicio oral (por el caso Golpe de Estado II) que continuará a las 14.00 (de hoy) con los alegatos (finales)”, añadió el fiscal.
También puede leer: Áñez se indispone y Tribunal declara receso hasta las 14.00 de este martes.
La exmandataria está detenida de manera preventiva desde marzo de 2021 y es procesada por su cuestionada proclamación durante la crisis de 2019.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ese hecho es calificado como un golpe de Estado y es investigado en los casos: Golpe de Estado I y caso Golpe de Estado II. El caso Golpe de Estado II es el que mayor avance tiene porque ya se encuentra en la etapa de alegatos finales. En este juicio, Áñez es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La Fiscalía anunció que pedirá que sea condenada a 15 años de prisión.
