Un informe defensorial terminó enfrentando y haciendo público un conflicto entre la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. Todo comenzó cuando la coordinadora del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Grace Mercado, desconoció el mandato de Cruz y la acusó de “prorrogarse en un cargo que el día de 14 de mayo de este año ha finalizado”.
“Como enlace departamental de La Paz, en nombre del IDIF nacional, con respaldo del Ministerio Público rechazamos categóricamente las declaraciones falsas por parte de la señora Nadia Cruz”, afirmó Mercado en respuesta al informe defensorial.
El lunes fue presentado el informe defensorial en el que se sostiene que el IDIF “enfrenta deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinada área”.
A través de una conferencia de prensa, Mercado respondió y cuestionó el contenido del documento, pero también desconoció el mandato de Cruz, quien permanece en el cargo debido a que en el Legislativo no se pudo elegir a su sucesor por falta de consensos entre las fuerzas políticas.
“Lo que la señora Nadia Cruz quiere hacer actualmente es enlodar nuestro nombre, nuestro prestigio como Instituto de Investigaciones Forenses para prorrogarse en un cargo que el día de 14 de mayo de este año ha finalizado”, denunció la funcionaria del IDIF, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
En otra conferencia de prensa, respondió Cruz y se estrelló contra Lanchipa, a quien le amenazó con iniciarle una demanda, “no le tengo miedo”.
“Le digo a Fiscal General que mi mandato no ha terminado”, aseguró y recordó: “Yo le he dicho de frente que obstaculiza mi trabajo, que usted se niega a responder los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, en muchos casos aduciendo reserva”.
En el informe defensorial también se observa que “más del 50% de los Institutos de Investigación Forenses carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad y que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación, lo cual se convierte en una barrera u obstáculo para el adecuado acceso a la justicia”.
