En su alegato final ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz por el caso Golpe de Estado II, la expresidenta Jeanine Áñez consideró este viernes que sus exministros Óscar Ortiz y Eliane Capobianco no acudieron a declarar en este juicio ordinario “por cobardía o miedo”.
“Por cobardía o por miedo (algunos no testificaron y) claro fue un alivio (para ellos) que el Tribunal diga: ‘no, no los podemos obligar porque estamos (afectando) sus derechos’”, afirmó Áñez.
Sin embargo, en su criterio, el testimonio del también exsenador Ortiz “era importante porque él estuvo en todos los escenarios” durante la crisis de 2019.
Él “se reunió con las parlamentarias del MAS (Movimiento Al Socialismo), era importante que diga qué fue lo que conversaron en privado cuando lo llamaron las parlamentarias del MAS a una reunión privada; era importante que diga todo lo que sucedió en la Universidad Católica en los diálogos con todos los que facilitaron la pacificación del país; y era importante que diga qué fue lo que sucedió en el propio Órgano Legislativo”, agregó.
Asimismo, remarcó que la participación de la exdiputada y exministra Capobianco “también era importante” porque, según su versión, “ella se comunicaba con prestigiosos constitucionalistas del país para ver cómo podíamos salir del entuerto” en el que se encontraba el país en noviembre de 2019.
Pues, “así (el ahora expresidente) Evo Morales lo decidió huyendo cobardemente del país (dejando) un vacío de poder; (entonces) era importante que (ella) venga a testificar, pero como no estaban obligados, reitero, no sé si por miedo o por cobardía, (no vinieron a declarar porque) el Tribunal decidió que no vengan”, insistió.
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Además, dijo que ha tenido que soportar “las exquisiteces” de los miembros del Tribunal al momento de valorar las pruebas tanto documentales como testificales.
“Porque ustedes (señores del Tribunal) han tenido que ser muy exquisitos cuando me han excluido las pruebas documentales que para mí defensa eran muy importantes; pero claro, aquí lo que se busca es tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria (con el fin de) darle el gusto al poder político”, señaló.
Luego enumeró algunas de esas pruebas “excluidas o eliminadas” y citó entre ellas el comunicado del Tribunal Constitucional, las memorias de la Conferencia Episcopal Boliviana y el informe de la Organización de Estados Americanos.
Por tanto, “eliminaron pruebas importantísimas. Me dejaron casi sin pruebas y así que ya no tengo condiciones de defensa en este juicio”, apuntó.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.
En este segundo proceso la Fiscalía pide que sea condenada a 15 años de prisión y es el que mayor avance tiene porque ya se encuentra en la etapa de alegatos finales en un juicio ordinario en el que se la juzga por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho es calificado como un golpe de Estado.
