Sin llegar a juicios se puede resolver desde la devolución de una garrafa de gas hasta de miles de dólares, en conciliaciones extrajudiciales gratuitas. En poco más de un año los acuerdos de reintegro de adeudos alcanzan al menos a Bs 32,6 millones.
Este mecanismo de resolución de conflictos no es novedoso. Gran parte de las oficinas dependen del Ministerio de Justicia y se encuentran dispersas en diferentes lugares para quienes buscan una conciliación como alternativa a tribunales en la vía penal, familiar o civil.
Los datos del año pasado dan cuenta que los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones, mientras que en solo cinco meses de lo que va de este 2022 la suma ya supera los Bs 11,9 millones.
PROCESO.
El viceministro de Justicia, César Siles, destacó que las cifras muestran la importancia de este programa dependiente de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) y puso como ejemplo que hasta mayo de 2022 las cifras de conciliación representan 315 acuerdos, es decir, el 20,24% de las 1.556 solicitudes.
“La conciliación consiste en ponerse de acuerdo entre partes y firmen un documento, en este caso un acta, que se convierte en sentencia. En caso de incumplimiento, se lo lleva ante un juez y se ejecuta rápidamente”, explicó.
Una vez que un interesado va a los centros de conciliación y expone su caso, se emite una “invitación” a la otra parte para que acuda al centro en procura de un pacto. Se puede dar el caso que no asista a las tres citaciones cursadas o que no lleguen a un acuerdo, sin embargo la conciliación no se encuentra cerrada en el futuro y se redacta un acta.
De aceptarse la invitación se realizarán las audiencias necesarias en busca de un convenio y la firma de un acta que, por ejemplo, fijará plazos y fecha de devolución de préstamos, un anticrético, alquileres sin cancelación o el pago y monto de asistencia familiar.
El jefe de la Unidad del Sijplu, Aldo Torres, remarcó que en las oficinas de conciliación extrajudicial se resuelven desde la devolución de una garrafa de gas hasta de miles de dólares adeudados.
“Hay devoluciones parciales de $us 20.000, de $us 30.000 o de $us 50.000” y hasta de poco más de $us 100.000, informó el funcionario, sin dar mayores detalles por la confidencialidad que impera en estos actos de conciliación.
También se median asignaciones de asistencia familiar por montos variados y que pueden estar entre Bs 1.000 y Bs 3.000. Una vez acordadas son homologadas en juzgados del área familiar.
Este mecanismo está enmarcado en la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada en 2015. Siles indicó que en Bolivia hay 43 centros de conciliación y ocho de arbitraje.
Las 43 oficinas en el país están en ciudades como La Paz, El Alto, Chulumani, Cochabamba, Tarija y Potosí. Los acuerdos alcanzados hasta el momento evitaron que esos casos lleguen a la Justicia y agraven la carga procesal.
En el territorio nacional hay una carga procesal de 600.000 causas, a enero, y están involucrados más de un millón de litigantes, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Una de las oficinas de conciliación extrajudicial está en la zona Max Paredes, detrás del Cementerio General de La Paz. Andrés Pérez, uno de los conciliadores, recordó que uno de los casos que le llamó la atención es la conciliación de Bs 300 en una sola audiencia, luego que una de las partes encontró a la otra por casualidad en la calle tras buscarla por mucho tiempo.
En los centros que dependen del Sijplu la conciliación no tiene ningún costo económico, al igual que el patrocinio legal a personas de la tercera edad o que están en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la cooperación suiza apoya el desarrollo y consolidación de estos servicios.
Proyectan los Juzgados de Paz
En el marco de la reforma judicial, se planteará la creación de los Juzgados u Oficiales de Paz para que se constituyan en una segunda instancia de resolución de conflictos en caso de no prosperar la etapa de conciliación.
El viceministro de Justicia, César Siles, informó que para ejercer como oficiales de esta área no se necesitará ser abogado y, por ejemplo, un dirigente vecinal podrá ejercer el cargo.
“Le daremos el poder a un juez de paz u a un oficial de paz que no necesariamente va a ser abogado, puede ser el líder de la comunidad o el presidente de la junta de vecinos o alguien de la alcaldía, porque la alcaldía tiene competencia constitucional. Investidos de poder podrán resolver el conflicto y dictar una especie de sentencia”, explicó ante la importancia de contar con alternativas a la judicialización de los problemas o conflictos.
Por el momento, si no logra resolverse una controversia en la vía conciliatoria o de arbitraje, solo queda la opción de acudir a tribunales penales o civiles.
Siles complementó que la experiencia demostró hasta el momento la viabilidad y efectividad de la conciliación en la sociedad.
