La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó este domingo que la sentencia de 10 años de prisión dictada en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, por su proclamación en 2019, será apelada en búsqueda de que sea condenada a 15 años de cárcel.
“Se ha determinado 10 años de cárcel para Áñez (y otros procesados), pero aún así, nosotros, porque éste es un proceso que se lo impulsa a través del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, vamos a proceder a una apelación pidiendo 15 años, que era lo que nosotros siempre hemos establecido, no solo por los delitos (por las que fue juzgada), sino por los agravantes que existen en este caso”, dijo.
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La noche del viernes, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes cometidos en su proclamación como mandataria en la crisis de 2019.
“Esta sentencia nos demuestra que en nuestro país hubo un golpe de Estado, que hubo una ruptura del orden constitucional y que (…) luego de 37 años de vida democrática se vulneró absolutamente todas las normas vigentes para romper con la democracia y acceder al poder de manera totalmente inconstitucional”, agregó Prada en una entrevista con medios estatales.
Por tanto, en su criterio, esta sentencia “sienta un precedente histórico” respecto a los golpes de Estado y las rupturas del orden constitucional, y a partir de este fallo, en lo posterior, ya nadie puede atribuirse “la soberanía del pueblo ni nadie puede pretender llegar al poder autoproclamándose”.
Asimismo, dijo que la exmandataria, en su juicio ordinario, señaló “una serie de mentiras para intentar justificar su accionar totalmente golpista”, por ejemplo, al asegurar que asumió el mando del Estado para pacificar el país o que en la crisis de 2019 había vacío de poder.
Pero “ella (…) quien era para decir que había un vacío de poder. (Además) ya habían antecedentes de cómo debió ser una sucesión constitucional, pero en realidad ellos no buscaban una sucesión constitucional (…) porque su objetivo era otro y ya estaba definido ese objetivo. Y, por supuesto, que no era la manera de pacificar el país (…) porque, después de su autoproclamación, Áñez (…) en su calidad de presidenta de facto emitió un decreto supremo de la muerte que dio vía libre para masacrar al pueblo con absoluta impunidad”, remarcó.
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En consecuencia, luego de esta sentencia –según añadió– también se debe avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas de las masacres de 2019 dando “un segundo paso histórico”.
“Hay muchas personas que entienden que reconciliarse es hacer como que nada de esto pasó y (…) eso no se puede hacer; todo proceso de reencuentro real, de volver a ser un tejido social en nuestro país, tiene que darse a partir de procesos profundos de justicia”, apuntó.
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