El Gobierno, a través del viceministro de Justicia César Siles, afirmó que los criterios vertidos por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, sobre el caso Golpe de Estado II no afectan la sentencia de 10 años de cárcel, emitida contra la expresidenta Jeanine Áñez.
Vemos estas críticas de manera general y “no de manera específica, menos que pueda afectar una sentencia dictada en primera instancia, respecto a la cual seguramente las partes van a presentar los recursos de apelación correspondientes”, afirmó el funcionario, en declaraciones a La Razón Radio.
La pasada semana, el Relator de la ONU hizo observaciones que atingen al debido proceso en este caso, entre ellas, que “la justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presentase” en torno al caso de Áñez. Afirmó que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.
El pronunciamiento surgió días después de la lectura de la sentencia contra la exmandataria por el caso Golpe de Estado II.
“Muchos medios de comunicación y parte de la población, incluyendo la defensa de la señora Áñez, han interpretado maliciosamente el Twitter que emitió García-Sayán (…). El Twitter estaba dirigido a los juicios de responsabilidades que podría merecer la señora Áñez a partir de su asunción al mando, como los casos Sacaba y Senkata”, aclaró Siles.
Ante ese escenario, el Gobierno llamó a la “reflexión” al relator especial de las Naciones Unidas y anunció que responderá a sus observaciones.
“Con el canciller (Rogelio Mayta) el martes, a las 4 de la mañana, vamos a presentar nuestros comentarios al informe del Relator, el informe se presenta en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, dijo, el domingo, el ministro de Justicia Iván Lima.
En ese marco, el viceministro Siles afirmó que en el informe de García-Sayán hizo referencia al caso Golpe de estado II y reiteró que este documento será considerado como un “insumo para la reforma judicial”.
