La Cancillería boliviana consideró que las observaciones realizadas por la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, sobre el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado, “no condicen con una relación de respeto mutuo” y “expresan una posición colonial inaceptable”.
Los pronunciamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y del Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea “no condicen con una relación de respeto mutuo, expresan una posición colonial inaceptable, tergiversan y desnaturalizan el comunicado de la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH) y las expresiones del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en que dicen fundarse”, cita un comunicado emitido la noche del martes por la Cancillería del Estado Plurinacional.
El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El 14 de junio, García-Sayán, mediante varios mensajes escritos en Twitter, expresó su preocupación por “lo revelado por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del Gobierno y del partido de Gobierno, en que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”.
“Pero tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato. Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación (…) si se presentase”, agregó entonces el Relator.
El 17 de junio, la Misión Técnica en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante un comunicado público, hizo seis observaciones preliminares, entre ellas, al tipo penal de “incumplimiento de deberes”, al “uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva”, al formato virtual e híbrido de las audiencias y hasta al “equilibro procesal”.
El 19 de junio, el Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea, también mediante un comunicado, afirmó que “según las observaciones preliminares de la OACNUDH en Bolivia, los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso de la señora Añez” y enumeró varios puntos citados en el pronunciamiento de esa oficina de Naciones Unidas para concluir que “estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano”.
Sin embargo, la Cancillería boliviana remarcó que “el comunicado del Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea contiene afirmaciones que no corresponden con lo expresado por la OACNUDH” y precisó que el documento emitido el 17 de junio “no realiza ninguna afirmación” en el sentido de que “los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso de Añez”.
El 21 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, a través de otro comunicado, expresó que comparte “las preocupaciones procedimentales señaladas por la OACNUDH respecto a la forma en que se condujo este juicio” y “también las preocupaciones del Relator Especial de Naciones Unidas (…) sobre la posible intervención política en el proceso judicial”.
No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional consideró que los comentarios realizados por el Relator, en su cuenta de twitter, “representan un exceso de su parte, sugiriendo que Áñez sea procesada, por las graves violaciones de los derechos humanos, en juicio de responsabilidades”.
Además, “el Estado Plurinacional de Bolivia ha mostrado su más amplia predisposición para que Naciones Unidas, a través de sus distintos órganos, realice el seguimiento y las eventuales observaciones al proceso de la señora Áñez, sin que aquello implique, bajo ningún concepto, la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, subrayó la Cancillería.
