El eurodiputado español Manu Pineda; Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento Andino, y el abogado Gabriel Villalba coincidieron en afirmar que hay acciones de injerencia por parte actores extranjeros, que se expresaron sobre la situación de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien fue condenada a 10 años de cárcel, en el caso Golpe de Estado II.
“Es incalificable la actitud que está teniendo la Unión Europea, de injerencia en asuntos que no van con ella; quién es la Unión Europea para decirle a un gobierno legítimo (…) lo que tiene que hacer; quién es el Reino Unido para meterse en esto; quién es Estados Unidos para opinar sobre esto”, afirmó Pineda durante una entrevista con Piedra papel y tinta, de La Razón.
El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, dijo sobre Áñez que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.
Sobre este caso, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también afirmó que la Justicia boliviana «no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez».
Al respecto, la Unión Europea (UE) aseguró que el sistema judicial de Bolivia tiene «deficiencias estructurales” y se sumó a la posición de García-Sayán y la OACNUDH. A esa línea se sumaron Reino Unido y Estados Unidos. Ello fue rechazado por el Gobierno de Bolivia.
Sobre eso, Mendoza afirmó que se deben ver estas declaraciones injerencistas en el marco de que se busca una reconfiguración en los Estados tras la pandemia, hacia un “Estado tutelar”, “gendarme”, ya que se dejará atrás el mundo unipolar.
“Entonces, no es casual que las expresiones de los señores británicos o la derecha fascista de la Unión Europea, de los Estados Unidos, tenga mucho que ver con este sentido de injerencia a la hora de reflexionar sobre las democracias de América Latina”, afirmó Mendoza.
Por su parte, el abogado Villalba sostuvo que es un principio básico del derecho internacional la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, por lo que los países acreditados en Bolivia deben respetar esa situación.
Afirmó que ello se incumplió antes del 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, durante la toma del poder de Jeanine Áñez y en los 11 meses de gestión del gobierno transitorio.
“Tenemos una suerte de ruptura de ese principio básico del derecho internacional público y también posiciones que se presentan como institucionales, pero son personales”, afirmó.
