Los dos efectivos policiales detenidos después de que dejaran escapar del país al ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza –quien inicialmente fue nombrado como uno de los presuntos involucrados en el asesinato de tres uniformados en el municipio de Porongo– fueron enviados este viernes a la cárcel de Palmasola.
La decisión fue asumida por la jueza Albania Caballero, quien en una audiencia de medidas cautelares dispuso que los efectivos estén detenidos de manera preventiva por 90 días.
La fiscal Mirtha Mejía dijo que en la audiencia el Ministerio Público ha expuesto todos los indicios para demostrar que “los imputados hubieran sido probablemente autores del delito de concusión”.
Agregó que existen imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos que implican a los imputados en el mencionado delito.
Por su parte, la jueza afirmó que concedió al pedido del Ministerio Público de la detención preventiva de 90 días “por considerar la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales” de fuga y obstaculización.
Además, la jueza informó que los policías, en su defensa, aseguraron ser “inocentes y que simplemente hicieron un trabajo de rutina y que en ningún momento cometieron los hechos que se les (atribuye)”.
El jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre la aprehensión de los dos policías y entonces señaló que su captura fue motivada porque “mientras sus camaradas se encontraban perdiendo la vida, ellos estaban protegiendo a un ciudadano de nacionalidad extranjera”.
La tarde del pasado 21 de junio, dos efectivos policiales y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) fueron asesinados en Porongo en circunstancias que aún se investigan.
Al día siguiente fueron capturados tres sospechosos (entre ellos también un colombiano) y quienes ahora se encuentran detenidos en distintas cárceles del país.
Se conoce que durante la madrugada de ese mismo 22 de junio Tibaduiza fue retenido por la Policía en la tranca de Montero, pero que –según su propia versión dada a conocer luego en una entrevista con Unitel– lo dejaron pasar una vez que los uniformados le quitaran $us 6.000 y su teléfono celular.
Sin embargo, la fiscal Mejía dijo que “presuntamente le sustrajeron 2.600 dólares porque, según la declaración de los testigos, (…) no eran los 6.000 dólares”.
