Entre hoy y mañana, los promotores de denunciar penalmente a Carlos Mesa y otros supuestos “autores intelectuales” del derrocamiento de Evo Morales presentarán a la Fiscalía sus denuncias subsanadas, adecuadas a lo que les pidió dicha oficina.
Se trata tanto de la ampliación de denuncia en el caso Golpe de Estado I (promovido por la exdiputada Lidia Patty) como una nueva demanda del Comité Impulsor de Juicio contra Jeanine Áñez y otros responsables de la crisis de 2019.
Ambas denuncias ya fueron presentadas la anterior semana, pero la Fiscalía les devolvió el trámite con el argumento de que los escritos no precisaban con claridad la responsabilidad delictiva de cada uno de los denunciados.
Patty dijo a La Razón que hoy su abogado presentará en la Fiscalía de La Paz su denuncia, con las enmiendas que demandó el Ministerio Público.
Por otro lado, el abogado del Comité Impulsor, Rolando Cruz, informó a este medio que mañana, martes 5, ingresarán una nueva denuncia, tomando en cuenta las observaciones hechas por la Fiscalía; esto se hará en Sucre, en la Fiscalía General del Estado.
Hay que recordar que Patty está pidiendo la ampliación de la denuncia contra los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002); el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Áñez Israel Alanoca, y el excandidato a la Presidencia Samuel Doria Medina. En tanto que el Comité Impulsor lo hace contra Quiroga, Camacho, Mesa, Waldo Albarracín, Marco Pumari, Doria Medina y 11 ministros del primer gabinete de la exmandataria Áñez.
La “individualización” del rol delictivo de los denunciados —arguyó la Fiscalía en su resolución de devolución del trámite— debe consistir en “la indicación precisa” en cada uno “de los hechos suscitados”, del “lugar y forma de la presunta comisión (del delito), así como del o los supuestos autores y/o partícipes” de dichos hechos.
Los delitos con que amplió su denuncia la exdiputada Patty (en el caso Golpe de Estado I) son: “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”, según describió su abogado patrocinante Víctor Nina.
En tanto que la causa nueva que interpondrá el Comité Impulsor señala los delitos: “atribuirse derechos del pueblo, atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio”.
La “individualización” de las denuncias que exige la Fiscalía precisamente consiste en indicar, con suficiente sustento, qué delito de los citados pudo haber cometido cada uno de los denunciados, explicó Cruz a La Razón.
En el caso de los 11 miembros del gabinete de Áñez , por ejemplo, se les acusará de “genocidio” —adelantó Cruz— porque fueron ellos los que junto a la entonces mandataria firmaron el Decreto Supremo 4078, que en su artículo tercero exime de “responsabilidad penal” al “personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”.
Sobre los políticos de oposición que participaron en las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana, dijo Cruz, se les denunciará por conspiración, artículo 126 del Código Penal.
