La Fiscalía presentó ante una autoridad judicial la acusación formal en contra de cuatro personas, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Herland Soliz, por el caso denominado YPFB Seguros.
Las otras dos personas acusadas con la exgerente Legal de YPFB Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, informó este martes Aldrin Barrientos, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La acusación fue presentada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, agregó Barrientos.
El funcionario remarcó que la acusación formal fue fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.
Además, el director recordó que Zamora y Soliz se encuentran en este momento en calidad de rebeldes.
“Sin embargo, debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aclaró. Entretanto, García y Terrazas fueron sometidos a medidas cautelares y ahora están con arraigo.
Estas cuatro personas, según Barrientos, están implicadas en el “proceso irregular de contratación directa de seguros generales” que fue efectuado en abril de 2020 mediante el denominativo de “contrato de emergencia”.
Para ello “se habilitó deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 del 31 de marzo por parte del entonces Presidente de YPFB vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (…) evadiendo los procesos públicos de licitación”, explicó.
“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, quien en ese momento tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, lamentó.
