Luego de anunciarse para la próxima semana la declaración del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el ministro de Justicia, Iván Lima, lo invitó a venir a La Paz a prestar su declaración en el caso Golpe de Estado I y le aseguró que tendrá “toda la seguridad y todas las garantías” del debido proceso.
“Le pedimos y exhortamos al gobernador Camacho que deje de ampararse y de generar impunidad, lo mismo que ha señalado el 2019 que lo cumpla ahora. Queda invitado a La Paz y tenga toda la seguridad y todas las garantías de que el gobierno le va a respetar su debido proceso que su gobierno, porque él fue parte del gobierno de Jeanine Áñez, no le ha respetado a los bolivianos”, afirmó.
La posición surge luego de que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informara que para la próxima semana serán citados el gobernador Camacho y su padre José Luis Camacho para declarar como denunciados por el caso Golpe de Estado I, pero al momento no se conoce si declararán en La Paz o Santa Cruz.
“La Comisión de Fiscales elaboró un cronograma de citaciones y entiendo que la convocatoria es para Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, ambas declaraciones están programadas para la siguiente semana, la Comisión de Fiscales será la que definan donde prestarán su declaración”, explicó.
Sin embargo Lima aseguró que no se debe confundir el debido proceso con impunidad.
Camacho es el principal acusado en el caso Golpe de Estado I, denunciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty. La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y dos exaltos mando militares están en la cárcel por esta denuncia.
El ahora gobernador y excandidato a la presidencia lideró en 2019 las protestas cívicas que denunciaban fraude electoral en las elecciones de octubre y que, junto a un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales. En reiteradas oportunidades aseguró que acudiría a declarar.
Poco después y en un video que circuló en redes sociales, reveló que su padre concretó acuerdos con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no respalden al poder político, por lo que dio el plazo de 48 horas a Morales para dejar el poder.
