La Cámara de Senadores sancionó el jueves la Ley 221/2021-2022 para “efectivizar el pago destinado al resarcimiento excepcional en favor de las personas contra quienes se cometió violencia política, por parte de gobiernos inconstitucionales y usurpadores de la voluntad popular, en el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”, y remitió al Ejecutivo para su promulgación.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este viernes que se trata de una buena noticia para todas las víctimas de las dictaduras porque esperaron muchos años para que se efectivice este pago que ya había sido determinado en 2004.
“Quiero recordarles que esta disposición se había aprobado ya en 2004, (a través de) la Ley 2640, que establecía una regla por la cual el gobierno, (mediante el) TGN (Tesoro General de la Nacional), aportaba el 20% de los recursos para pagar este resarcimiento y el 80% restante se dejaba a la cooperación internacional”, señaló Lima en una entrevista con La Razón Radio.
Sin embargo, enfatizó que “esa política del gobierno de Carlos Mesa, de pedir con el sombrero el apoyo de la comunidad internacional, no ha tenido éxito” porque no está en el marco de los convenios establecidos.
Entonces, esa primera ley “no pasó de ser una mentira y una manera de resolver un conflicto artificialmente. (No obstante) esta nueva ley, a partir de su promulgación que la realizará nuestro presidente Luis Arce, lo que va a permitir es que el Ministerio de Justicia pueda, en el plazo de un año calendario, terminar de pagar ese 20% (…) a todos los que no lo han cobrado”, explicó.
Además, agregó el ministro, ya se podrá pagar el restante 80%, que es equivalente a Bs 99.925.916, a través del TGN a los beneficiarios “de acuerdo a la negociación y la disponibilidad que hay en este momento porque lamentablemente hay diferentes grupos de víctimas”.
“Incluso, hay conflictos al interior de ellos y lo que estamos buscando es propiciar encuentros y diálogo. (Además) quienes todavía tienen reclamos, quienes todavía piensan que el monto de indemnización no es suficiente o no se les ha permitido ingresar en las listas, pueden tener, en el marco de un debido proceso, la posibilidad de formular y presentar sus reclamos en las instancias administrativas y judiciales correspondientes”, agregó.
Asimismo, afirmo que hablar de un número exacto de beneficiarios en este momento “es complejo”, precisamente, por los conflictos que existen. Por tanto, “lo que necesitamos es continuar con el proceso (de calificación) para que nadie salga insatisfecho de esta solución que estamos brindando”, puntualizó.
