La Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dispuso que si en 70 días el Legislativo no designa a las autoridades por dos tercios, lo podrá hacer el presidente del Estado, Luis Arce. La sentencia generó polémica.
Comunidad Ciudadana (CC) consideró el dictamen como un “golpe de Estado” contra el Legislativo. “Se da inicio a una desembozada dictadura gubernativa-judicial a la cabeza de Luis Arce con un golpe al Legislativo y quebrantamiento al Estado de derecho”, señala un comunicado de la alianza y que fue difundido por el expresidente Carlos Mesa.
El presidente de Diputados, Freddy Mamani, instó a no “magnificar” el fallo. “La elección del Defensor del Pueblo es tuición plena de la Asamblea Legislativa, en ese sentido, creemos que la decisión tomada por el Tribunal de la Sala Constitucional, lo único que hace es exhortar, asumimos que sí, eso está en función a la Constitución”, dijo el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en rueda de prensa.
“La resolución no es otra cosa que la pretensión del MAS de tener bajo su control las instituciones del Estado al servicio partidario clientelar, de consolidarse, sería un antecedente nefasto para la elección de las próximas autoridades”, remarcó la diputada por Creemos, María René Álvarez.
En junio, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) dirigida por Franklin Gutiérrez presentó una Acción de Cumplimiento ante la falta de consenso en el Legislativo para designar un nuevo titular en la Defensoría del Pueblo. Es identificada como afín al oficialismo.
La elección del Defensor fue suspendida sin fecha en la Asamblea Legislativa, ya que las fuerzas políticas no lograron los dos tercios de voto para elegir a la nueva autoridad. Ahora está en proceso la elección del Contralor y se avizora otro empantanamiento.
“Si la Asamblea Legislativa no toma la decisión y el mandato que le da la Constitución de elegir, tendrá que ser otro órgano del Estado que impone medidas de emergencia que ya se han dado en el país”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima, desde Sucre.
Recordó que no sería la primera vez que se hacen ese tipo de designaciones. “En periodos anteriores, el expresidente Mesa designó magistrados por decreto supremo y el año 2010, el expresidente Evo Morales; no estoy dando ninguna noticia novedosa, cuando la Asamblea no toma decisiones, el órgano que debe decidir el funcionamiento el Estado es el Ejecutivo”, señaló el titular.
“Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí”, señala parte del comunicado de la opositora CC.
