El delegado adjunto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Franklin Gutiérrez, indicó que el fallo de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz que exhorta a la Asamblea a retomar sesiones para designar al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo, abre las puertas de responsabilidad penal para los legisladores que se resistan a la concertación.
La sentencia fue una respuesta a la acción de cumplimento presentada por Gutiérrez, quien, en una entrevista con La Razón Radio, señaló este lunes que por ello, desde esta semana, el vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa, debe convocar a los parlamentarios para consensuar e impulsar el nombramiento empantanado.
La designación no logró los dos tercios, por lo cual quedó en statu quo y sin fecha para una sesión que trate el tema, lo cual debe cambiar con el fallo constitucional. Gutiérrez advirtió que si la Asamblea no convoca a una sesión ordinaria o extraordinaria, o hay legisladores que se opongan al consenso, se arriesgan a procesos penales por incumplimiento de deberes.
Asimismo, el delegado adjunto ratificó que si bien la sentencia lanza una exhortación para que se retome el debate legislativo para el nombramiento, también abre las puertas para que el presidente Luis Arce pueda realizar la designación mediante un decreto, hasta que los asambleístas puedan allanar el camino para un nuevo Defensor o Defensora. “Hoy los dos tercios se están convirtiendo en una excusa para sabotear”, remarcó Gutiérrez.
