En un mensaje desde sus redes sociales, Jeanine Áñez apuntó al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão de haber llegado a Bolivia para “dirigir la persecución política”.
El activista brasileño se encuentra en Bolivia desde hace unos días, en los que aborda una serie de conversatorios y talleres con autoridades, defensores de derechos humanos y medios de comunicación sobre libertad de comunicación a instancias de la organización no gubernamental Artículo 19.
“Llegó a la orquesta del gobierno del MAS el instrumento que faltaba para seguir manipulando a fiscales y jueces. ¿De lejos no entienden sus instrucciones @PauloAbrao?”, espetó Áñez, quien, el 12 de noviembre de 2019 se proclamó sucesora del entonces dimisionario presidente Evo Morales.
“¿Viene a dirigir la persecución política y las #Patrañas judiciales? ¿Qué sigue? ¿Dejen morir a #JeanineAñez?”, complementó la exsenadora.
Mientras Abrão presidía la CIDH, propició las primeras investigaciones sobre la violencia y la violación de derechos humanos en Bolivia tras las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019. Una de sus conclusiones más polémicas, por las que fue tildado entonces por Áñez de parcializado, fue que la represión militar-policial a las movilizaciones de Sacaba, el 15 de noviembre de ese año, y Senkata, el 19, resultaron en masacres.
Al final, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la CIDH con la aquiescencia del gobierno de Áñez y validado después por el de Luis Arce, estableció que en ambos casos hubo masacres, incluso ejecuciones extrajudiciales.
En ambas acciones represivas, al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y que otorgaba inmunidad penal a militares y policías, murió una veintena de manifestantes, todos con disparo de proyectiles de guerra.
La mañana de este martes, en entrevista con La Razón Radio, Abrão dijo que entonces “la alerta roja se disparó” cuando fue promulgado el decreto en cuestión, que, en su criterio, “fue una carta blanca para reprimir”. Contó que, ante esa situación, la CIDH ingresó al país “con la anuencia” del “gobierno de facto”.
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“Lo que encontramos fue un escenario de masiva violación de derechos humanos en distintas dimensiones, tanto en materia de afectación al derecho a vida; documentamos la existencia de masacres con base a materiales periciales que obtuvimos”, dijo el exejecutivo de la CIDH.
Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión, que guarda en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el llamado caso Golpe de Estado II, referido a su proclamación en 2019 sin respetar los reglamentos de la Cámara de Senadores y la Constitución. La causa se sustentó en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
Aún tiene pendiente de resolución de la Asamblea Legislativa la autorización para un juicio de responsabilidades en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata. La proposición acusatoria, emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, debe ser aprobada por dos tercios de votos que el oficialismo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino con el eventual apoyo de las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, que, al contrario, defienden la “constitucionalidad” del gobierno de Áñez.
