Un informe del Congreso de Perú divulgado el martes recomienda procesar política y penalmente al presidente Pedro Castillo, alegando que incurrió en traición a la Patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia.
«Se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria», señala un informe especial de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú, difundido en la prensa.
También propone que se imponga a Castillo «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».
La recomendación debe ser votada por la subcomisión y luego debatirse por el pleno del Congreso, donde, si es aprobada, puede derivar en un pedido de suspensión del presidente de su cargo.
El informe, suscrito por el congresista de centroderecha Wilson Soto Palacios, se sustenta en una controversial entrevista dada por el izquierdista Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.
«Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste», respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de ser candidato y ganar las elecciones en 2021.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia», aclaró a continuación el gobernante, pero esto no calmó las aguas.
El informe parlamentario, de 89 páginas, sostiene que la declaración de Castillo «vulneraría mandatos constitucionales».
Tras la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, Perú perdió sus dos regiones más australes -Arica y Tarapacá- y Bolivia su salida al mar.
La recomendación despierta críticas entre juristas, que la consideran un error por falta de sustento jurídico, como lo señaló el exprocurador César Azabache.
Castillo, que asumió en julio de 2021, ha sobrevivido a dos intentos de destitución del Congreso y enfrenta cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción.
