El asesor legal de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz, Gualberto Cusi, informó que la Justicia determinó detención domiciliaria sin custodia policial, y arraigo, para los 19 cocaleros aprehendidos el martes por la Policía en Villa El Carmen.
“No estamos conformes, buscábamos la libertad pura y simple”, dijo el jurista, quien, sin embargo, anunció que apelará la decisión judicial.
La Fiscalía imputó a los 16 varones y tres mujeres por allanamiento, tenencia, portación y uso de armas no convencionales, en calidad de autores, y solicitó su detención preventiva por seis meses en las cárceles de San Pedro y Obrajes de La Paz.
Cusi explicó que “demostraron” que no existe ningún riesgo y peligro de fuga u obstaculización en la investigación de la causa.
Los acusados tendrán que presentar garantes y tienen la obligación de firmar ante el fiscal cada 15 días. “Vamos a tramitar para que puedan trabajar”, afirmó.
Los socios de la Adepcoca implicados en el caso pertenecen a la facción del dirigente Freddy Machicado y protestaban en busca del cierre del mercado “ilegal” de Villa El Carmen. Es así que desde la semana pasada hay enfrentamientos con la Policía; el Gobierno alega que es un tema privado e insiste en que ambos sectores dialoguen.
El miércoles, tras la aprehensión de 24 cocaleros, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los presentó públicamente como “criminales”; cinco obtuvieron el jueves su libertad pura y simple. Hace un par de meses, el titular de esa cartera de Estado ya fue cuestionado por ese accionar.
Cusi recordó que el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal indica que en la presunción de inocencia “todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”.
En mayo, el ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que la norma señala que solo con autorización del sindicado o de su defensor un presunto autor de un hecho delictivo puede ser presentado públicamente.
“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derechos a la protesta pacífica. Preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones de los derechos humanos. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones”, señala un pronunciamiento de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
