A través de un comunicado conjunto, en La Paz difundido por la Cancillería, los gobiernos de Bolivia, Argentina, México y Ecuador expresaron su preocupación por la crisis en Perú, instaron al diálogo político y exhortaron a las fuerzas partidarias respetar al gobierno legítimo de Pedro Castillo.
La posición de los cuatro países coincide con el anuncio de la Fiscalía de Perú de una nueva investigación, la sexta, contra el mandatario de ese país. “La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal”, informó la Fiscalía a través de Twitter el jueves, citado por la agencia AFP.
Desde que llegó al poder, el 28 de julio de 2021, Castillo, de izquierda, es blanco de constantes denuncias e intentos de “vacancia”, juicio político en el Congreso, a instancias de fuerzas políticas de oposición.
El asedio judicial incluso llegó a la familia del mandatario, como fue el caso de su cuñada, Yenifer Paredes, quien entregó a la Justicia el miércoles luego de inéditos allanamientos a la residencia del Palacio de Gobierno y la vivienda familiar en su búsqueda, informó AFP.
“(…) Reiteramos nuestra solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas y hacemos votos para que los peruanos logren encontrar fórmulas que fortalezcan la convivencia democrática en la diversidad y la pluralidad de visiones sobre su propio desarrollo”, señala el comunicado conjunto difundido por la Cancillería de Bolivia.
Bolivia, Argentina, México y Ecuador también hicieron un “llamado a todas las instituciones y fuerzas políticas de esa hermana República a fortalecer el diálogo político como herramienta para superar la actual coyuntura que atraviesa el país”.
Además, expresaron su confianza en sentido de los actores políticos de Perú “privilegiarán la construcción de consensos amplios, inclusivos y participativos que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema político establecido en la Constitución”.
Castillo corre el riesgo permanente de un juicio político en el Congreso, como ocurrió con sus antecesores Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.
