La defensa legal de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez aguarda hora y fecha para la audiencia en la que apelará la condena de 10 años que se dictó en su contra, en el marco del caso Golpe de Estado II, cuyo dictamen se leyó en junio de este año.
Luis Guillén, abogado de la exmandataria, explicó que el recurso fue presentado en los plazos establecidos y que ya fue admitido por el Tribunal Primero de Sentencia, no obstante, hasta la fecha “la causa no ha sido radicada en una sala”, pese a que el recurso se presentó hace más de dos meses.
“Esperemos que nos notifiquen con las radicatorias de estas apelaciones, con un señalamiento de día y hora para llevarse a cabo estas audiencias. Es el tribunal que admite la apelación y la deriva a las salas que van a resolver estos elementos, es decir, están en trámite”, explicó.
El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez, en un juicio en el que fue procesada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
La expresidenta está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, proceso promovido por la exdiputada Lidia Patty (MAS).
Luego se le abrió otro proceso, al que se denominó Golpe de Estado II, el cual avanzó más rápido, pues Áñez fue juzgada por los delitos cometidos antes de asumir sus funciones como mandataria transitoria, durante la crisis política de 2019.
El 10 de noviembre de ese año, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, que derivó en un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, Áñez asumió el control del Senado y luego la presidencia del país, sin el quórum reglamentario de la Asamblea Legislativa y ante la ausencia de la bancada mayoritaria del MAS, situación que fue calificada como un golpe de Estado.
