El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal fijó audiencia de medidas cautelares para 12 de septiembre para el exministro de Defensa Luis Fernando López, imputado por el delito de terrorismo dentro del caso del Golpe de Estado I.
“El juez de la causa ha señalado audiencia para el 12 de septiembre a horas 11.00, en la que se va a llevar la audiencia de carácter personal”, informó Víctor Nina, abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, la denunciante en el caso.
El jurista, además, señaló que se pedirá que el exministro sea declarado en el país como “rebelde” ya que, actualmente, se encuentra prófugo de la Justicia.
“Esperemos que se presente el señor López Julio, caso contrario se le va a pedir al juez de la causa que se lo pueda declarar rebelde y pueda continuar la etapa preparatoria bajo esa condición”, señaló la defensa de Patty.
En caso de que se presente el sindicado y de realizarse la sesión jurídica, Nina señaló que se solicitará a la Policía Internacional (Interpol) el trámite del sello azul para su búsqueda; y el sello rojo para su posterior captura.
“Lógicamente, ya se ha declarado rebelde, incluso se podría tramitar el sello azul o rojo ante las instancias pertinentes de Interpol para su búsqueda y captura”, indicó.
Asimismo, Nina adelantó que solicitará detención preventiva para López en el penal de Chonchocoro, más no así en San Pedro, “por la forma en como se ha producido su ilícito”.
Luis Fernando López fue ministro de Defensa hasta que finalizó el gobierno transitorio de la exsenadora Jeanine Áñez, ese mismo año.
La exautoridad es investigada en Bolivia por los hechos precedentes a la proclamación de Áñez, acusado por delitos de conspiración, sedición y terrorismo, a instancias de Patty.
En otro proceso, está presuntamente vinculado a la compra de antimotín con presunto sobreprecio de $us 2,3 millones, cuyo principal acusado es el exministro de Gobierno Arturo Murillo, encarcelado ahora en Estados Unidos.
Actualmente, López es buscado por la Justicia y se presume que se encuentra en Brasil, según confirmó en 2021 la Interpol de ese país.
En el caso Golpe I se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Áñez en noviembre de 2019.
Luis Fernando López fue abogado y asesor del entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador Luis Fernando Camacho. Cuando Áñez tomó el poder, fue nombrado ministro de Defensa.
