El Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió este miércoles que la investigación por el caso de los “audio coimas”, en el que se revelan “hechos de corrupción” y que supuestamente está involucrado el exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, se amplié al Gobernador de Santa Cruz.
“El Ministerio Público que inicie pesquisas. No le estamos pidiendo un favor, sino que haga cumplir la ley. Desde 2019 el gobernador fue violando la ley; tienen que citar a (Fernando) Camacho porque (Fernando) Pacheco era su directo colaborador”, dijo el diputado por el MAS, Daniel Rojas.
Asimismo, el diputado lamentó que la falta de gestión de la Gobernación cruceña genere la ausencia de obras de gran envergadura en su efeméride.
“Si no tenemos grandes obras para Santa Cruz es culpa del Gobernador, que no gestiona con el ente nacional para tener beneficios para los cruceños. Cuando uno ve sus intereses personales estos son los resultados”, afirmó.
Le puede interesar: Creemos considera que buscan politizar el proceso contra Fernando Pacheco
La semana pasada fueron difundidos unos audios en los que se escucha la voz del exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, exigiéndoles a algunos funcionarios de su despacho ciertos pagos o coimas por recaudaciones en compras de medicamentos e insumos médicos.
Efraín Suárez, asesor de Gestión, y José Luis Terrazas, secretario de Justicia de la Gobernación, presentaron una demanda contra Pacheco ante la Fiscalía por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y concusión.
Días después luego de que familia del exsecretario fue citada a declarar ante la Fiscalía, la madre de Fernando Pacheco, Yolanda Rojas, denunció abusos por parte de las autoridades y afirmó que la Gobernación cruceña, controlada por Luis Fernando Camacho, “destruyó” la vida de su hijo.
“A mí nunca me gustó que mi hijo esté ahí, mi hijo es un excelente profesional, la política no me gustó nunca. La Gobernación destruyó a mi hijo, porque ahí trabajó”, dijo.
Asimismo, reprochó el accionar de la Policía que le retuvo su vehículo. Se trata del segundo motorizado que las autoridades secuestran a la familia de Pacheco, desde que iniciaron las investigaciones por una presunta coima, referida a la adquisición de barbijos, medicamentos y respiradores en la Gobernación.







