La Fiscalía imputó al dirigente cocalero Freddy Machicado por los delitos de tráfico ilícito de armas, organización criminal e instigación publica a delinquir, y demandó su detención preventiva, durante seis meses, en el penal de San Pedro de La Paz.
Este miércoles en la noche se instaló la audiencia de medidas cautelares en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. El Ministerio Público solicitó su encarcelamiento mientras concluyan las investigaciones por la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen.
El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando un grupo de cocaleros de los Yungas llegó en una marcha hasta La Paz e ingresó por la fuerza a ese centro de abasto, controlado por el dirigente Arnold Alanes.
Durante esa violenta intervención, hubo destrozos e incendios; también, denunciaron el robo de taques de coca y otros objetos de valor, además que en esas circunstancias agredieron a mujeres, niños y policías.
En ese marco, se activó una investigación de oficio en contra de Machicado por lo que se procedió a su aprehensión, la mañana de este miércoles.
De acuerdo con la investigación preliminar, el dirigente cocalero, y otros líderes de esa organización, fueron denunciados por 15 delitos penales.
Durante la audiencia, Machicado se acogió a su derecho al silencio y 11 testigos declararon, con lo que se procedió a emitir su imputación formal.
Tras las acciones legales que se activaron en contra de Machicado, sus seguidores se declararon en emergencia y anunciaron una asamblea para este jueves, en la que definirán nuevas medidas de presión para que liberen al dirigente cocalero.
“Estamos en vigilia constante. Se trata de una persecución política a los dirigentes de los Yungas de La Paz”, afirmó César Apaza, del Comité de Autodefensa de Adepcoca.
En tanto, el bloque de productores afín a Alanes se movilizó en las principales calles paceñas para demandar que Machicado vaya a la cárcel y ratificó una marcha para este lunes 19, con el objetivo de recuperar el mercado de Villa El Carmen y que las autoridades les garanticen “seguridad jurídica” para la comercialización de la hoja sagrada.
