Junior Arias, quien develó los audios “incriminatorios” contra el exsecretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz Fernando Pacheco, contó este jueves que la defensa y la familia del profesional se disculparon por haber exigido que revele su fuente.
“Posiblemente a (Eduardo) Arias no le ha quedado otra que pedir disculpas y decir que fue un lapsus pedir que este periodista revele su fuente (sobre los audios incriminatorio contra Fernando Pacheco)”, dijo el profesional en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
El abogado de la familia Pacheco (hijo y madre) y la esposa del exfuncionario, Brigith Suárez, reclamó la develación de la fuente del periodista. Además, el abogado de los denominados Mandiles Blanco, Joadel Bravo.
Junior Arias contó que Arias y la mamá de Suárez, Gabriela Callaú, lo visitaron en su oficina de Santa Cruz para conversar con él. Arias “nos pidió disculpas, dijo fue un lapsus, un error el que cometió; de repente estaba probando cómo desvirtuar las denuncias (al pedir la develación de la fuente”, dijo el periodista.
Solidaridad
La demanda provocó la reacción de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, cuyo titular, José Luis Patuy, expresó su solidaridad con Junior Arias y rechazó la petición de los abogados Bravo y Arias.
El artículo 8 de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
En La Paz, el periodista de Telesur y otrora ejecutivo de la Federación de Trabajadores de La Prensa de La Paz Freddy Morales dijo que “no se puede, la ley prohíbe expresamente” develar la fuente.
Constitución
Invocó los artículos 107 y 108 de la Constitución Política del Estado. “La Constitución señala que los periodistas se guiarán por su ley, y cuando dice ‘por su ley’, se refiere a la Ley de Imprenta”, recordó.
“(…) Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, dicta el parágrafo II del artículo 107 de la Constitución.
Morales cuestionó que muchas veces se habló del derecho de preservación de fuente, pero hay gente “que no lo escucha, no lo lee o no le entiende”.
Ley de Imprenta
Citó el artículo 9 de la Ley de Imprenta: “El editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.
Entretanto, el constitucionalista y también comunicador Israel Quino consideró que, por encima de la Constitución, hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que refuerzan las garantías constitucionales, la cláusula de conciencia o el principio reserva legal.
“La libertad de expresión no es solamente un derecho o una garantía, sino un principio democrático, un pilar por el cual la sociedad existe”, afirmó el jurista.
Cuestionamientos
Morales cuestionó, no solamente en este caso, la actuación de las autoridades judiciales que buscan resquicios para zafar la Ley de Imprenta y obligar a los periodistas a hacer tareas que no les corresponde.
“Los fiscales deberían informarnos qué han avanzado en relación a los indicios que dieron los medios de información o que dio un periodista, y no citar a un periodista para que les haga el trabajo”
“El periodista está siendo expuesto por estos fiscales en su integridad física, en el peligro de su vida y el ejercicio de su profesión; porque el fiscal está queriendo poner a un periodista con un buzo o un informante”, insistió.
Denuncia
La semana pasada, DTV (Detrás de la Verdad Noticias) y Junior Arias develaron grabaciones de una conversación de Fernando Pacheco, a cuyos interlocutores instaba a recaudar coimas en la provisión de medicamentos e insumos.
La denuncia es investigada por la Fiscalía de Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho se sumó también a la iniciativa. Pacheco se declaró en la clandestinidad y, el sábado, a través de un video se disculpó del caso ante su madre.
