El Ministerio de Justicia pidió ampliar la querella en contra de los miembros de la comisión de contratación, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, en favor de la constructora china Harbour Engineering Company (Chec).
“Se ha ampliado contra todas las personas que han sido parte del proceso de contratación de la comisión de contratación, que han sido ya identificadas pero cuyas declaraciones aún no se han recabado”, explicó este martes la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna.
Asimismo, la funcionaria reveló que además del contrato para la construcción de la vía Sucre-Yamparáez, se investigan otros dos contratos que se suscribieron entre esa firma china y el Estado boliviano, aunque no dio más detalles al respecto.
Hace unas semanas, el diputado Héctor Arce (MAS), denunció irregularidades en la adjudicación de esta obra, pues se habría beneficiado a la firma china gracias a una presunta coima de Bs 18 millones, hecho en el que estarían involucradas autoridades y otros funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Por este caso, Jin Zhengyuan (representante de la empresa china) y el ciudadano boliviano Esteban A. S. fueron enviados al penal de San Pedro, de La Paz, por seis meses con detención preventiva.
Al respecto, la viceministra Ríos afirmó que también se amplió la investigación contra una “tercera persona”, de la cual no dio mayores referencias, en el entendido que el caso está en pleno desarrollo.
Asimismo, la autoridad afirmó que “en este momento” aún no hay pruebas que impliquen al presidente de la ABC, Henry Nina, o al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
“Se han llevado delante allanamientos, registros del lugar de los hechos y se ha secuestrado documentación, obviamente eso tiene que permitir al Ministerio Público tener elementos mucho más objetivos para poder identificar el delito y poder identificar a los responsables”, precisó.
¿Hubo coima?
Ríos sostuvo que aún las investigaciones no han establecido que haya habido una «coima», pues de momento el proceso se lleva adelante por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, además que se solicitó que se levante la reserva del caso, para poder acceder a más información al respecto.
Lo que hasta la fecha se estableció “es que ha habido un movimiento irregular de más de 9 millones de bolivianos; primero, hay que identificar la salida del dinero y el destino del dinero (…). La empresa aún no ha podido justificar ese movimiento, pues no ha habido la compra de un bien o el pago de algún servicio”, precisó Ríos
“Solamente puedo hablar de coima con cuando sé de dónde ha salido ese dinero y a dónde ha llegado”, enfatizó la autoridad.
