El presidente Luis Arce dijo que “el pueblo boliviano sigue resentido” por la inacción de la Unión Europea (UE) ante los conflictos de 2019, que derivaron en el “golpe de Estado”.
“Evidentemente (…), el pueblo boliviano todavía está resentido con lo que ha ocurrido y la participación de la Unión Europea durante el golpe (de Estado) de 2019”, reclamó en una entrevista con Rusia Today.
Sin embargo, el mandatario boliviano destacó buenas relaciones con países de la Unión. “Hay muchos países con lo que estamos, inclusive, llevando adelante temas de cooperación”.
Puede leer también: Arce sobre EEUU: Las relaciones ‘se van a mantener así’, no hay avances
En noviembre de 2019, después de las elecciones presidenciales, varios sectores se movilizaron y denunciaban un supuesto fraude en el proceso que dio como ganador al expresidente y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.
Dichas movilizaciones cobraron fuerza con un paro cívico, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Morales dimita a su cargo. Hecho que finalmente ocurrió el 10 de noviembre.
Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se declaró, primero, presidenta de la Cámara de Senadores y luego presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quórum reglamentario y sin la participación de los legisladores del MAS, que entonces tenía dos tercios del foro legislativo.
El nombre de la senadora, entonces segunda vicepresidenta del órgano camaral, surgió de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica, en La Paz, propiciadas por la Iglesia Católica y la UE, especialmente.
El propio representante de la UE en Bolivia, enntonces León de la Torre, se movilizó para la cita.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty.
Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, denominado Golpe de Estado II, por el que la expresidenta fue sentenciada a 10 años de prisión.







