En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, el denominado caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.
Calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.
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Asimismo, el entonces ministro de Gobierno confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.
«Hemos trabajado, se ha retirado las acusaciones y ahora el Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema. Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso, por este trabajo”, agregó Murillo en la oportunidad.
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El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.
Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).
Esa madrugada de 2009, inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branco Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos.
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Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.
El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero luego fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil, se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En mayo de 2018 fue condenado, en ausencia, a 12 años de cárcel por extorsión.
Hasta 2019, el Gobierno fue el principal acusador en este caso, pero tras la renuncia de Evo Morales, durante una crisis política-social, la situación cambió.
Áñez asumió la presidencia del país. Los jueces ciudadanos y jueces renunciaron y dejaron, prácticamente, paralizado el proceso que llevaba más de 10 años de investigación.
El entonces ministro Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Gobierno se retiró del caso como parte acusadora.
La noche de este lunes, el Gobierno ratificó que el caso fue archivado “arbitrariamente” durante el gobierno Áñez.
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que hace esa afirmación luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, el documento señala que respecto al Informe Final de la CIDH, en este proceso registrado como CASO 13.546, “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.
