La Defensoría del Pueblo, constituida en “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, inició una investigación sobre supuestos excesos por parte agentes la Policía, cometidos durante la aprehensión de la dirigente cocalera Gudelia Botitano.
La mujer es parte del bloque de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, liderado por Freddy Machicado, y es acusada por ser una de las promotoras de la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen, controlado por Arnold Alanes.
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Botitano, quien también es dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (COFECAY), fue aprehendida la mañana de este miércoles, en la zona de Miraflores, una hora después de dejar una nota en la Defensoría de Pueblo.
En el marco de la investigación defensorial, se solicitará la lista de los policías que intervinieron en el operativo, para indagar presuntos excesos policiales cometido en contra de otros dirigentes cocaleros que se encontraban con Botitano, “ya que el accionar de la Policía debe enmarcarse al respeto a la vida e integridad de quienes están sometidos a un proceso penal”, señala un comunicado de la entidad defensorial.
Un equipo esa esa institución sostuvo una entrevista con la dirigente, quien informó que fue aprehendida por tres civiles, quienes la introdujeron, a la fuerza, a un vehículo, toda vez que ella puso resistencia, y que durante el traslado a la FELCC no sufrió ninguna agresión.
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El médico legal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó una valoración e identificó un moretón en el muslo derecho que no reviste gravedad y sugirió al fiscal de materia, Carmelo Laura, que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la revise nuevamente, a fin de velar por su salud e integridad.
“La Defensoría del Pueblo efectuará seguimiento a la realización de dicha valoración médico legal”, agrega el documento.
Asimismo, la Defensoría verificó en la FELCC que el operativo policial tenía el objetivo de ejecutar el mandamiento de aprehensión, emitido el 12 de septiembre, en el marco del proceso penal que se sigue a Machicado.
“La Defensoría del Pueblo recuerda al Ministerio Público y a la Policía Boliviana que como agentes de Estado están obligados a garantizar el debido proceso conforme señala el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado y que, conforme el Artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, el uso de la fuerza corresponde cuando es estrictamente necesario”, señala otra parte del comunicado.
En ese sentido, la Defensoría demandó a los operadores de justicia “que su accionar esté sujeto a dicha normativa y en apego a los principios de presunción de inocencia y en pleno respeto de los derechos humanos”.
