A horas del cabildo en Santa Cruz que eventualmente definirá medidas a favor de un Censo de Población y Vivienda en 2023, sus promotores consideran necesaria incluso una “resistencia civil” para ese propósito.
“Si por la razón no quiere escuchar el ministro (Sergio Cusicanqui), nosotros vamos a utilizar los instrumentos que nos da la Constitución para obligar al Gobierno a sentarse a conversar y discutir estos temas”, dijo Manfredo Bravo.
El funcionario es vocero de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), institución que se encargó de elaborar la propuesta del Comité Interinstitucional por el Censo de Santa Cruz para el Censo en 2023.
Bravo habló esté jueves en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, con Claudia Benavente.
‘Resistencia civil’
Consultado Bravo sobre qué implica el uso de instrumentos constitucionales, respondió: “Estamos hablando de los mecanismos de la protesta, de marchas y la resistencia civil, que nos otorga la Constitución (sic)”.
El miércoles, al informar sobre la respuesta del Gobierno del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la propuesta de la UAGRM, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que el documento tiene “tinte político”.
Sustentó su percepción en una premisa consignada en el texto del Comité Interinstitucional: “(…) Habrá que arrancar al Gobierno, por la razón de la racionalidad o por la fuerza de la movilización ciudadana, la decisión política de realizarlo”.
‘Censo político‘
Bravo ratificó la posición política inscrita en la propuesta de la UAGRM. Sin embargo, afirmó que la universidad cruceña está convencida de que el Censo se puede realizar en 2023.
Coincidió con el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, en sentido de que la decisión del Gobierno de postergar el Censo de Población y Vivienda para 2024 es “política”.
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El Comité pro Santa Cruz convocó a un cabildo sobre el conflicto para las 17.00 de este viernes en la rotonda del Cristo Redentor, en Santa Cruz.
Postergación
A través del Decreto Supremo 4760, el Gobierno postergó el empadronamiento cuya fecha inicial era 16 de noviembre de este año. Según la norma, la fecha posible recaerá entre mayo y junio de 2024.
La propuesta de postergación había sido planteada en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) del 12 de julio, al que asistieron el presidente Luis Arce y su gabinete, y ocho de nueve gobernadores (faltó Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz) y asociaciones municipales.
