La expresidenta transitoria Jeanine Áñez planteará una demanda internacional cuyo principal sustento jurídico será el reporte que el Departamento de Estado de EEUU envío al Congreso de ese país, que avaló el informe de la Organización de los Estados Americano (OEA) sobre las elecciones generales de 2019.
Ese documento da cuenta que una auditoría hecha por expertos de la OEA permitió detectar “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de esos comicios.
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En ese marco, se proyecta una demanda en el ámbito internacional, afirmó Carolina Ribera, hija de la exmandataria.
“Vamos a llegar a todas las instancias internacionales y ya estamos en curso, y con todas estas pruebas, vamos a tener lo que corresponde qué es la libertad de mi madre de todos los presos políticos”, explicó Ribera.
Añez y dos sus exministros fueron capturados y enviados a la cárcel, con detención preventiva, en marzo de 2021, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I, en el cual son procesados por el delito de terrorismo.
Durante ese tiempo, la expresidenta también fue procesada por otro caso, denominado Golpe de Estado II, en el cual ya recibió una sentencia de 10 años de cárcel, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por lo hechos registrados en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“El informe (de EEUU) confirma que en 2019 existió un fraude electoral, que no va a poder ser tapado (…). Lo que sucedió en 2019 se encuentra marcado en la historia, es de conocimiento de la comunidad internacional y, efectivamente, no puede ser ocultado”, explicó Luis Guillén, abogado de la expresidenta Áñez.
Este reporte, que fue solicitado por el Congreso de Estados Unidos, sistematiza información respecto a esos comicios, que fueron anulados tras conocerse los resultados de la auditoría realizada por la OEA, a solicitud del entonces presidente Evo Morales, quien había ganado las elecciones.
El documento dio cuenta de una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que no hacía posible validar los resultados emitidos originalmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Al respecto, el canciller Rogelio Mayta afirmó este viernes que ese reporte “no tiene trascendencia ni en Bolivia ni en ningún país del mundo”.
Agregó que esa postura es una cuestión interna de Estados Unidos, pues, en su criterio, pasó del Departamento de Estado al Congreso.
“El Departamento de Estado remitió sus criterios al Congreso de los Estados Unidos, y esas consideraciones no tienen ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo; son consideraciones que nos parecen impertinentes”, enfatizó Mayta, en una conferencia de prensa.
