El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) avaló el informe que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales de 2019, en las que se detectó “irregularidades graves” que imposibilitaron su validación.
En octubre de 2019, el país se mantuvo paralizado por 21 días luego de unas elecciones que fueron anuladas por denuncias de un supuesto fraude electoral, en medio de un estallido social que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
El documento enviado al Congreso de los EEUU, de acuerdo con una publicación de Unitel, valida los resultados de las auditorías aplicadas al proceso electoral de 2019, específicamente dos: una interna, elaborada por la empresa Ethical Hacking que había sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la segunda referida al trabajo hecho por los expertos de la Organización de Estados Americanos.
“Ethical Hacking, una consultora de ciberseguridad contratada por el TSE para auditar la elección, también encontró vulnerabilidades, incluidas aquellas que hacían posible la interceptación y alteración del código fuente, de registros, de votos y de fotografías en el sistema electoral; la interceptación y lectura del TREP y sus comunicaciones”, señala parte del informe.
De acuerdo con Animal Político de La Razón, publicado el segundo domingo de este mes, lo que siempre se le reclamó a la OEA, que su hipótesis de la “manipulación informática”, del “cambio drástico difícil de explicar”, de los “servidores ocultos”, en lo principal fue del funcionamiento del TREP, de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, un sistema de conteo rápido (que se cargaba con fotos de actas y datos enviados por celular) que no estaba relacionado con el cómputo oficial, y que por eso legalmente no era vinculante.
Esta independencia del TREP con respecto al cómputo oficial fue precisamente el argumento de la Fiscalía, que para sobreseer a los exvocales y cerrar el caso, en su resolución del 27 de julio de 2021, concluyó que el “TREP no reemplaza ni complementa el cómputo oficial de resultados, simplemente se constituye en una herramienta de transparencia del proceso electoral, y al ser el TREP un proceso independiente del cómputo oficial, se puede deducir que cualquier incidente no supone un riesgo alto para la integridad de los resultados finales”.
Por otra parte, el reporte enviado al Congreso de EEUU también hace énfasis en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEIBolivia) presentado en 2021 y en el que se detectaron “graves violaciones a los derechos humanos” en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019.
Este informe ratifica los resultados del informe del GIEI sobre las “detenciones ilegales, violencia sexual, tortura y el asesinato de 37 personas en las localidades de Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre de 2019”, durante los primeros días del gobierno de Jeanine Áñez y hace recuerdo que esta investigación “también encontró evidencias de violencia ‘instigan’ (sic) por el gobierno de Morales, incluidos secuestros y torturas de activistas anti-MAS”.
