El canciller Rogelio Mayta afirmó este viernes que el reporte que el Departamento de Estado envío al Congreso de Estados Unidos sobre el informe de la OEA en torno a las elecciones generales de 2019 “no tiene trascendencia ni en Bolivia ni en ningún país del mundo”.
Señaló, además, que dicha postura es una cuestión interna de ese país, pues, en su criterio, pasó del Departamento de Estado al Congreso.
“El Departamento de Estado remitió sus criterios al Congreso de los Estados Unidos, y esas consideraciones no tienen ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo; son consideraciones que nos parecen impertinentes”, dijo Mayta en una conferencia de prensa.
También puede leer: Evo ve un ‘ataque’ de EEUU por apoyo a informe de la OEA a poco del cabildo
Asimismo, el Canciller dijo que dicho reporte corresponde a un debate interno y que “resulta inapropiado que en un país ajeno se discuta las cuestiones de otro de una forma alegre; no corresponde, es impertinente”.
“Hay que poner las cosas en su lugar. Ese documento no tiene valor para Bolivia ni para el mundo”, recalcó.
Ese informe, que fue solicitado por el Congreso estadounidense, sistematiza información de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales de 2019 en las que, supuestamente, halló “manipulación informática dolosa”.
Le puede interesar: EEUU avala informe de la OEA sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia
Las elecciones del 20 de octubre de 2019, Evo Morales resultó ganador, pero el postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, cuestionó los resultados.
Entonces denunció supuesto fraude por la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que por unas horas dejó de actualizar en tiempo real el conteo extraoficial de los votos.
Eso derivó en movilizaciones de varios sectores en el país. Al día siguiente de los comicios, Mesa llamó a vigilias en los tribunales electorales departamentales, que derivó en la quema de cinco de estas entidades en el país.
Entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó a un paro que terminó en 21 días con el derrocamiento de Morales, el 10 de noviembre.
En medio de las protestas, un motín policial decantó la crisis en el Gobierno y las Fuerzas Armadas dio el batacazo final al pedir la renuncia del mandatario.
Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se declaró, primero, titular del Senado y luego presidenta del Estado, para atribuirse una “sucesión constitucional”.
Lo hizo en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quórum reglamentario ni la presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La irrupción de Áñez en el poder, siendo integrante de una fuerza política, Unidad Demócrata (UD), que solo tenía el 4% de representación electoral, generó en nuevas protestas.
El 15 de noviembre, la mandataria transitoria emitió el Decreto Supremo 4078, que liberaba de delitos penales a militares y policías, para blindar la represión de las fuerzas de seguridad.
Al día siguiente, una movilización de colonizadores y cocaleros fue neutralizada a través de una represión policial-militar en el puente Huayllani, en Sacaba, Cochabamba.
Cuatro días después, el 19, similar movilización tuvo la misma respuesta represiva en Senkata, en El Alto, ante un bloqueo de la planta de combustibles.
El saldo de ambas acciones represivas fue una veintena de fallecidos a bala. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció masacres y ejecuciones sumarias.
